El Ministerio de Justicia creará 20.500 plazas carcelarias en los próximos cinco años

El titular de Justicia, Tomás de la Quadra, presentó ayer al Consejo de Ministros un proyecto de creación de nuevos centros penitenciarios con el que pretende hacer frente al déficit actual de plazas y al fuerte aumento de la población reclusa previsto hasta el año 2000. Con este nuevo plan, el Gobierno espera contar con 20.500 nuevas plazas en 1997. Actualmente, la media de construcción es de 830 al año, mientras que el incremento anual de presos es de 1.777 personas. Según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de no realizarse "un importante esfuerzo" de construcción de nuevos centros, "la situación de las cárceles en los próximos años puede ser insostenible".

Los estudios realizados por la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios han dado la voz de alarma ante el previsible agravamiento de una situación ya de por sí muy deteriorada: el déficit medio actual es de 947 plazas por año. En la actualidad hay algo más de 35.000 reclusos en España. De cumplirse las previsiones, en los próximos cinco años, la cifra de presos superará los 41.000, con lo que el déficit de ocupación habrá llegado a las 11.000.A la falta de espacio se une la escasa adecuación de buena parte de los centros penitenciarios, que además de no reunir las condiciones básicas de habitabilidad suponen un enorme gasto de mantenimiento. En los últimos cinco años, las inversiones para subsanar deficiencias estructurales de estas prisiones han alcanzado los 7.000 millones de pesetas.

Amortizaciones

El coste global del proyecto está estimado en 130.000 millones de pesetas, y para su financianción el Gobierno no piensa incrementar los actuales presupuestos, ya que se emplearán los ingresos obtenidos por la amortización de los centros que se van a sustituir, cuyo valor patrimonial se aproxima a los 50.000 millones de pesetas.El resto se pretende cubrir con la racionalización de gastos de las plazas que se van a sustituir y con las asignaciones ya previstas por el Ministerio de Justicia para la construcción de nueva cárceles. Instituciones Penitenciarias espera ejecutar el 60% del plan en los dos primeros años. Los nuevos centros, de los que seis están actualmente en construcción, cumplirán una serie de normas en el diseño y en la dimensión "para rentabilizar las inversiones": contarán con unas 950 plazas cada uno y deberán estar situados a menos de 30 kilómetros de la capital más cercana. Deberán disponer, además, de dos accesos por carretera a una distancia inferior a dos kilómetros y quedar cerca de algún transporte público. Los recintos penitenciarios ocuparán una superficie de 30 hectáreas en un paraje despejado y sin accidentes geográficos. Otros requisitos se refieren al suministro de electricidad, agua, vertidos de aguas residuales y líneas telefónicas.

Con el nuevo plan, el Ejecutivo espera cubrir el actual déficit y las necesidades que se vayan generando, para evitar así "las situaciones de deterioro del clima social" que la masificación carcelaria "pudiera acarrear". Este aspecto ha sido denunciado reiteradamente, por el Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, que en su último informe hacía hincapié en las graves consecuencias que la actual masificación carcelaria tiene sobre los derechos fundamentales de los presos.