El fraude a Bazán y al arsenal de Ferrol se cifra en algo más de 2.000 millones

Las irregularidades en los suministros al arsenal y a Bazán en Ferrol ascienden a una cantidad algo superior a los 2.000 millones de pesetas, según fuentes próximas a la investigación. Ayer se inició la declaración ante el juez de los representantes de las empresas presuntamente implicadas en el fraude.

El juez José Luis Aulet, que inició las investigaciones del presunto fraude en la Armada y en la empresa nacional Bazán, empezó a tomar declaración a los responsables de las empresas presuntamente implicadas.Ayer estaban citados a declarar los gerentes de las empresas Montajes Cruz, Ferdi, Montajes Luz y Hermanos Comesaña, todas del ramo de la electricidad.

Según los documentos recabados por la investigación, estas empresas habían suministrado al arsenal de la Armada en Ferrol material electrónico que no podían haber elaborado, por incapacidad tecnológica o por carecer de patente. De ello se desprende que las piezas podrían proceder del propio arsenal y fueron revendidas. El presunto fraude de estas cuatro empresas en el periodo de un año ascendería a unos 30 millones de pesetas. Los gerentes citados ayer son todos civiles. Aulet sólo pudo tomar declaración a dos y el resto, junto con militares que por sus cargos podrían incidir en la política de compras del astillero militar, serán citados quizá a finales de esta semana. Las irregularidades en el suministro al arsenal o a Bazán se produjeron, fundamentalmente, mediante dos sistemas: el uso de información privilegiada por parte de empresas constituidas o integradas por altos cargos militares acogidos a la reserva transitoria o a la excedencia, o bien por la venta fraudulenta de material procedente de la propia Armada al que se había dado de baja de forma irregular.

Por otra parte, fuentes de la dirección de la empresa nacional Bazán desmintieron las noticias de la próxima dimisión del presidente, Antonio Sánchez Cámara, y de miembros de la dirección.

La dirección de la empresa aseguró que habían decidido suspender cautelarmente las relaciones comerciales con la Sociedad Anglonaval e Industrial, SA (ANISA). Un empleado del astillero de Cartagena reconoció haber cobrado comisiones, por lo que fue despedido.