La materia de religión católica será evaluable y tendrá valor académico en Cataluña

La asignatura de religión será evaluada y tendrá valor académico en las enseñanzas no universitarias de Cataluña. Ese ejemplo podría ser seguido en aquellas comunidades autónomas no gobernadas por la izquierda que como Cataluña tienen competencias plenas en materia de enseñanza. Sin embargo, ninguna de ellas ha tomado determinación alguna al respecto, La Conferencia Episcopal, por su parte, estudia la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto, aprobado hace una semana por el Gobierno, que retira el valor académico de la polémica materia.

Al contrario que en el territorio gestionado por el Ministerio de Educación (MEC), la asignatura de religión y moral católicas formará parte en Cataluña de las asignaturas optativas que podrán elegir los alumnos y, por tanto, tendrá un importante paquete de asignaturas alternativas, y no sólo la ética como ocurría hasta la promulgación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). El consejero de Enseñanza catalán, Josep Laporte, consideró ayer "una degradación para cualquier asignatura" que se oferte sin tener valor académico.El Gobierno catalán tiene capacidad para elaborar el 45% del currículum de las enseñanzas no universitarias, según reconoce la. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) a las comunidades con competencias plenas en educación. Además de Cataluña tienen esta capacidad Galicia, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y Navarra. Fuentes de la Administración central reconocían ayer la capacidad del Gobierno de la Generalitat para tomar esa medida.

Antes de que fuera aprobada la LOGSE, los diseños curriculares propuestos por el Departamento de Enseñanza catalán ya mantenían la asignatura de ética como alternativa a la religión. Las escuelas católicas catalanas no asistieron a la manifestación convocada en junio de 1990 en Madrid por varias organizaciones confesionales para expresar su protesta por el trato que daba la LOGSE a la religión, hecho que fue interpretado en medios de la. comunidad educativa como la evidencia de un acuerdo sobre el valor académico que se otorgaría a esta asignatura en Cataluña.

La Xunta de Galicia todavía no ha decidido si en los planes de estudio de la comunidad autónoma se valorará la asignatura de religión ya que, según explicó un portavoz de la Consejería de Educación, este departamento todavía no ha podido estudiar detalladamente el decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Sin embargo, las mismas fuentes adelantaron que la Administración gallega considera "un error, desde casi todos los puntos de vista, incluido el pedagógico, que se incluya una materia, aunque tenga carácter optativo, y que ésta no sea valorada en las evaluaciones", informa Xosé Hermida.

El ejemplo catalán es, por tanto, probable que sea seguido en comunidades no gobernadas por la izquierda. No sucederá lo mismo en el territorio controlado por el MEC. Por este motivo, los servicios jurídicos del episcopado han ultimado un estudio sobre las posibilidades de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto del Consejo de Ministros que elimina el valor académico de la asignatura, manifestaron fuentes eclesiásticas.

Reunión episcopal

Los obispos deberán decidir si recurren o no este decreto, lo que probablemente podría ser abordado en la reunión qué la Comisión Permanente del episcopado tiene previsto celebrar la próxima semana.

El Tribunal Constitucional deberá dirimir, en caso de que el recurso se presente, si el decreto en cuestión vulnera el artículo 27.3 de la Constitución o los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, suscritos antes de la aprobación de la Constitución.

Los obispos esperaban que el futuro de la asignatura pudiera ser abordado en el marco de la Comisión Mixta Iglesia-Gobierno, que será convocada en las próximas semanas y a la que asistirán el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, así como el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Elías Yanes. Para esa reunión, los obispos sólo podrán abordar, en relación con el tema de enseñanza, de quién dependen jurídica y económicamente los profesores de religión y moral católicas, que deben contar con el visto bueno del titular de cada diócesis