El Congreso se opone a la Intención del PP de penar el consumo público de drogas

Todos los grupos parlamentarios impidieron ayer la inclusión de una propuesta del PP a favor de la tipificación penal del consumo público de drogas en el informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de la Droga. El documento, que ahoga por la sanción administrativa para el consumo público y la suspensión de las penas a los toxicómanos que acepten someterse a tratamiento, fue aprobado finalmente por práctica unanimidad.

El portavoz del Partido Popular en el debate, Jorge Fernández, realizó una encendida defensa de la tipificación del consumo público (le drogas como falta en el nuevo Código Penal. Según dijo, la inclusión en la legislación penal "no significa que los toxicómanos sorprendidos tomando drogas en lugares públicos vayan todos a la cárcel, sino que esta eventualidad quedaría reservada para los adictos multireincidentes". Fernández añadió que la remisión del consumo público al ámbito penal "permitiría a los jueces suspender la pena o la multa al infractor a cambio de su ingreso en un centro de tratamiento".El portavoz popular criticó la pretensión socialista, recogida en el informe de la Comisión y en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, de sancionar administrativamente el consumo público. "Las multas, que llegan hasta 100 millones, no harán más que fortalecer el narcotráfico", dijo.

Los votos de los parlamentarlos rechazaron la propuesta popular y otra de IU, que pretendía retirar de las conclusiones del informe de la Comisión el apartado que recomienda la sanción administrativa para el consumo público por considerar esta posibilidad como "ineficaz", según el portavoz de IU, Narcís Vázquez.

El diputado que defendió la posición socialista, Carlos López Riaño, rechazó la proposición popular de penar el consumo público alegando que "se trataría a los drogadictos como delincuentes", aunque fue más ambiguo respecto al futuro. "Se rechaza la propuesta por estar insuficientemente elaborada, pero no se descarta, todavía hay una legislación pendiente de aprobación como es la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal", dijo.

El portavoz socialista argumentó su negativa a la pretensión de IU de no sancionar a los consumidores: "Hay que garantizar el respeto a los valores culturales de higiene, salud pública y buena vecindad".

Tan sólo tres diputados se abstuvieron en la votación del informe. El resto votó a favor. El ministro de Sanidad, Julián García Valverde, se comprometio a ejecutar las propuestas del informe, incluyendo las partidas presupuestarias que sean precisas en los próximos presupuestos del Estado.