Navarro y Galeote ocultan al Congreso su participación en Prensa Sur
Los diputados socialistas Carlos Navarro, Guillermo Galeote y Carlos Sanjuán han ocultado al Congreso su pertenencia al Consejo de Administración de Prensa Sur, empresa editora con participación en la propiedad de los rotativos Diario de Córdoba, Diario Jaén y La Voz de Almería.La secretaría general del Congreso notificó ayer a EL PAÍS que los diputados aún no han modificado su declaración de que no tienen "ninguna" actividad digna de declarar en el registro de actividades privadas a la que están obligados como parlamentarios, pese a que en diciembre de 1990 ingresaron en el Consejo de Administración de Prensa Sur, según publicó días atrás el diario El Mundo. Dos meses después, Galeote fue nombrado presidente del Consejo de Administración, Sanjuán vicepresidente y Carlos Navarro consejero delegado, lo que tampoco comunicaron a la Cámara Baja.
El artículo 160 de la Ley Electoral General establece que los diputados y senadores están obligados a declarar no sólo las actividades que puedan constituir motivo de incompatibilidad con su labor parlamentaria, sino también "cualesquiera otras actividades que le proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos".
Actividades lucrativas
Numerosas fuentes jurídicas parlamentarias coincidieron ayer en incluir en estas actividades los puestos de presidente, miembro de consejo de administración, consejero delegado y administrador único de cualquier empresa. Un portavoz de la secretaría general del Congreso indicó que, en todo caso, esos cargos se incluyen entre los que son, por definición, actividades lucrativas. No obstante, el mismo portavoz admitió que cada parlamentario es libre de argumentar que su presencia en un consejo de administración no es una labor remunerada.
Mientras que para la declaración notarial de bienes personales los diputados disponen de dos meses desde la toma de posesión de su escaño, ni el Reglamento de la Cámara ni la Ley Electoral establecen un margen para que los diputados comuniquen al Congreso las modificaciones en su patrimonio o en sus actividades profesionales. Un destacado asesor jurídico de la presidencia del Congreso apuntó ayer que la comunicación debería de realizarse cuanto antes.
Al no estar prevista ninguna sanción para quienes oculten en su declaración datos a los que presuntamente están obligados, la vía por la que Navarro, Sanjuán y Galeote pueden ser obligados a dar explicaciones es la Comisión del Estatuto del Diputado.
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