Los sandinistas abandonan la Asamblea nicaragüense

La discusión de los proyectos de ley que revocarán el esquema de propiedad legalizado en los últimos días del Gobierno sandinista en Nicaragua y que beneficiaba al FSLN, provocó ayer varias acciones de protesta como la retirada del grupo parlamentario sandinista de la Asamblea Nacional, la ocupación pacífica del Ayuntamiento de Managua y de una emisora de radio.

Esta nueva crisis política podría sacudir el frágil clima de reconciliación nacional del Gobierno de Violeta Chamorro. Tanto el Ejecutivo, como los sandinistas y los dirigentes del proceso de concertación, reunidos hace días para llegar a acuerdos entre trabajadores, empresarios y Gobierno sobre una serie de temas conflictivos, habían pedido una tregua al presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César. La idea era alcanzar un mayor consenso sobre el delicado tema de la propiedad antes de discutir la derogación de las leyes 85 y 86, introducidas un mes después de la derrota electoral sandinista y poco antes de que la presidenta Violeta Chamorro asumiera el poder. Sin embargo, César replicó que el debate parlamentario era "impostergable".La decisión se produjo después del fracaso de una serie de reuniones privadas, celebradas el pasado fin de semana entre una comisión de la coalición gubernamental UNO y Sergio Ramírez Mercado, jefe del grupo parlamentario sandinista. Tras escuchar el informe de la comisión, los diputados de la UNO decidieron no postergar más la introducción del anteproyecto en el Parlamento. "Es una lástima la no participación de los sandinistas en esta discusión, porque son una fuerza importante", declaró Fernando Celaya Rojas, secretario de la Asamblea Nacional y uno de los dos diputados que firmó el proyecto de declaración de esa comisión.

Ese texto incluía la retirada de la derogación de las leyes 85 y 86, que otorgaban derechos de propiedad a miles de ex miembros de la Contra y del Frente Sandinista. Alegando que César se había comprometido con ese proyecto de declaración, Ramírez calificó la derogación de las leyes de "antijurídica".