Jueces para la Democracia denuncia abusos de las grandes empresas contra los consumidores

La asociación progresista Jueces para la Democracia dedicará su sexto congreso -que se celebra esta semana en Logroño bajo el lema Mercado, derecho y jueces- a la necesidad de proteger a los consumidores y usuarios frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías. Un documento preparado para ese encuentro denuncia las condiciones de los contratos que se imponen al ciudadano, los privilegios que se conceden los bancos y otras entidades y el fraude de la publicidad. Frente a estos abusos, reclama el orden económico constitucional y propone modos jurídicos de imponerlo.

Jueces para la Democracia ha elegido por primera vez en su historia tras cinco congresos, un tema aparentemente ajeno a las cuestiones de política judicial y más próximo a los problemas de los ciudadanos. La dirección de esta asociación explica este viraje en la conveniencia de comprobar los principios democráticos se articulan en la sociedad y se remueven los obstáculos que impiden el acceso al bienestar y si en la realidad "el Estado social lo es o se queda en un Estado de Derecho tantas veces injusto".El documento parte de que más del 70% de los asuntos que entran en un juzgado civil afectan a consumidores y usuarios frente a grandes compañías. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial pretende que se dedique a esa materia menos del 10% de un trabajo que ofrece una media de 2.000 casos resueltos al año. Tal actitud conecta con lo señalado por el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Aparicio, para quien la ineficacia judicial es una necesidad estructural de que la justicia funcione "lo suficientemente mal como para que no ocupe espacios políticos y sociales en los que iría en contra de las necesidades del sistema".

Para acabar con esta situación de juez burócrata que resuelve cuantos más asuntos mejor, el documento propone apoyarse en la Constitución y en la economía social de mercado. Propone también un juez que se niegue a hacer interpretaciones que repugnen al más elemental sentido de la justicia y la moralidad.

Para ello se recuerda que el artículo 51.1 de la Constitución impone tal defensa a los poderes públicos y que el artículo 9.2 les ordena promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo sean reales y efectivas. El documento mantiene la ineludible obligación del juez de proteger los intereses de la parte más débil y en posición desigual.

A la hora de concretar la situación de inferioridad de los ciudadanos, el documento resalta las condiciones generales de los contratos que les imponen las grandes empresas de forma unilateral. El poder judicial ha de intervenir, dice el documento, "para restablecer la igualdad y el equilibrio mediante los instrumentos de derecho imperativo que el orden público económico constitucional pone en sus manos", muy especialmente la "nueva sensibilidad" de los jueces y tribunales.

Una primera propuesta de reformas legislativas plantea que las asociaciones de consumidores puedan impugnar con carácter general las cláusulas abusivas, que el empresario vencido en juicio no pueda utilizarlas de nuevo y que los efectos de las sentencias que anulen tales cláusulas se extiendan a los otros afectados, aunque no hayan sido parte en la causa.

Cláusulas impuestas

Jueces para la Democracia resalta la creciente indefensión de los consumidores ante las constantes incitaciones a consumir efectuadas por medio de una publicidad agresiva y omnipresente pensada más para influir que para informar". Según esta ponencia, existen normas legales que permiten proteger el derecho del consumidor a obtener una información veraz, sobre todo si el juez las interpreta "conforme a la realidad social". También se considera de la máxima importancia que los notarios cumplan el precepto que les obliga a "informar a los firmantes de las escrituras del significado de las cláusulas que propone una de las partes", y que por lo general son "contratos de adhesión".

Los contratos bancarios y de financiación constituyen casos frecuentes de utilización de unos servicios necesarios para situaciones tan normales como las de cobrar una nómina, comprar un coche o adquirir una vivienda. En teoría, las entidades crediticias actúan según las reglas de la libre competencia, pero en la práctica existe una fuerte interconexión -a través, por ejemplo, del Consejo Superior Bancario- que provoca la existencia de prácticas homogéneas abusivas y potenciadas por campañas agresivas, como la de la supercuentas.

Entre las cláusulas abusivas destaca el llamado "pacto de liquidez", que consiste en que el banco fija unilateralmente el saldo a pagar.