Canarias considera "un paso histórico" su integración plena en la CE

CARMELO MARTÍN, Las autoridades canarias, así como la oposición y los empresarios, coincidieron ayer en considerar como "un paso histórico" el acuerdo favorable a la plena integración, con especificidades, de las islas en la CE, adoptado el pasado miércoles en Bruselas por el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de los 12 países miembros. La decisión final, prevista para el próximo martes, corresponde ahora al Consejo de Asuntos Generales, presidido por Luxemburgo.

Los negociadores españoles confían en que el documento sobre Canarias sea aprobado por los ministros de forma automática, sin necesidad de reabrir ninguno de los capítulos conflictivos. El nuevo régimen es de plena integración -como el conjunto de España-, pero recoge una serie de excepcionalidades que deberán ser permanentes, tal como reivindican las autoridades canarias. Se establece un periodo transitorio de adaptación hasta el año 2000.El cambio de modelo se ha producido a instancias de un Gobierno de centro-derecha y nacionalista, integrado por las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), Centro Democrático y Social (CDS), PP y Agrupación Herreña Independiente (AHI), y ha contado con el respaldo del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), en la oposición.

"Canarias va a ser distinta a partir de ahora", declaró a este diario el consejero de Economía y Comercio del Gobierno canario, Luis Hernández, del CDS. "El hecho de que se haya conseguido un buen acuerdo es mérito de todos y debo reconocer que el Gobierno central se ha batido esta vez el cobre en favor de Canarias", señaló. Esta valoración dista mucho de la postura de Canarias en 1985, durante la negociación de la entrada de España en la CE, ya que entonces el Parlamento autónomo rechazó los términos del protocolo 2 del tratado, por el que el archipiélago se acogió a un régimen especial de integración.

Tanto Jerónimo Saavedra, secretario general del PSC-PSOE, como Benicio Alonso, vicepresidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), expresaron también su satisfacción por los logros alcanzados.

Ventajas del acuerdo

Fruto de las presiones ejercidas desde Canarias y por el Gobierno central en el último tramo de las negociaciones, han quedado despejadas algunas incógnitas que alimentaron cierta inquietud en los sectores económicos y políticos del archipiélago. El Gobierno autónomo de coalición, presidido por Lorenzo Olarte, amenazó con rechazar el acuerdo de integración si al final no respondía a las peticiones formuladas en diciembre de 1989 por el Parlamento canario. En virtud de la decisión del Coreper del pasado miércoles, Canarias no sufrirá restricciones cuantitativas a la importación de productos electrónicos, textiles y automóviles; no soportará la aplicación de los impuestos especiales comunitarios sobre crudo, tabaco, alcoholes y bebidas, y gozará de ayudas a las importaciones, que sustituyen a las restituciones vigentes hasta ahora.

Las autoridades canarias confian, incluso, en que Madrid acceda a conceder primas al transporte entre la Península y Canarias, al haber conseguido que la CE prevea, en cierta forma, esta posibilidad. Las ventajas que las islas esperan obtener del Gobierno central, tras el acuerdo de Bruselas, competen a la reforma económica pendiente (una de las dos vertientes de la modificación del régimen económico y fiscal, REF).

Entre ellas figura la creación de un segundo registro de buques en las islas, para el abanderamiento de barcos de la flota mercante española que, de lo contrario, emigrarían a pabellones de conveniencia extranjeros. Este registro paralelo al oficial, cuyo principal atractivo para las empresas navieras consiste en exenciones fiscales, una reducción de la cuota de la Seguridad Social y la flexibilidad de las plantillas, había sido negociado por el Gobierno canario y la Secretaría de Estado de Economía. "Cada minuto que pasa se nos escapa un barco para el extranjero. Madrid debe ser consciente de ello", indicó el consejero Luis Hernández, quien confila en que el proyecto saldrá adelante.

La Comisión Europa aprobó en un principio un reglamento relativo a la aplicación del derecho comunitario en las islas y un programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad denominado Poseican.