Las multas serán siempre ejecutivas
Las multas que imponga la autoridad gubernativa -desde 50.000 a cien millones de pesetas- en aplicación de la futura ley de Protección de la Seguridad Ciudadana serán inmediatamente ejecutivas. Para ello, el proyecto de ley deroga el precepto de la vigente ley sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, en virtud del cual la interposición de recurso contencioso-administrativo suspende las sanciones pecuniarias según la ley de Orden Público de 1959, que se deroga por innecesaria ya.
Entre las infracciones de la seguridad ciudadana consideradas graves -sancionables con multas de hasta cinco millones de pesetas- el proyecto de ley incluye "Ia reiterada tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos, o la falta de diligencia en orden a impedirlos". También considera infracción grave "el consumo en lugares, vías o establecimientos públicos" de tales sustancias.
Contra los 'camellos'
Corcuera explicó que la sanción al consumo, avalada por el 83% de la población española, se dirige contra los camellos [pequeños traficantes], para reducir la demanda de droga. Negó que los funcionarios policiales impongan directarmente las multas a quienes consuman droga, ya que simplemente denunciarán, "previa identificación del presunto infractor de una falta administrativa", y posterior procedimiento administrativo con derecho a la defensa.El proyecto de ley faculta a la autoridad gubernativa a suspender los espectáculos y desalojar los locales cuando no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver las manifestaciones ilegales que, según Corcuera, en 1990 fueron el 68% del total de las celebradas. También podrán disolver las concentraciones de vehículos y retirarlos de la vía pública.
