Un ayuntamiento tinerfeño favoreció a una empresa relacionada con acusaciones de tráfico de influencias

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) concedió el proyecto para un edificio de aparcamientos y centro comercial a una empresa relacionada con el ex miembro de UCD Eduardo Merigó y con el socialista catalán Didac Fábregas. Ambos aparecen implicados en un caso de tráfico de influencias en ese Ayuntamiento tinerfeño en una denuncia que ha sido admitida a trámite por el juez. Las mismas empresas de Merigó y Fábregas obtuvieron del Ayuntamiento de Zaragoza la concesión de un estudio sobre el tratamiento de las aguas residuales y la construcción de una depuradora por 22.000 millones, concesión que la oposición en el consistorio ha pedido que se revise.

La empresa Control y Aplicaciones, SA, ganó el concurso convocado por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para la explotación de parquímetros y aparcamientos subterráneos en esa localidad tinerfeña. A una filial de dicha empresa, Control y Explotación de Aparcamientos, SA, le fue asignada la redacción de un proyecto de edificio de aparcamientos subterráneos y centro comercial, cuya inversión gira en torno a los 2.500 millones de pesetas.La empresa Control y Aplicaciones, S. A., posee el 36% del capital de Explotaciones y Aprovechamientos Energéticos, SA, (EAESA), en cuyo consejo de administración, al constituirse en febrero de 1990 como Sociedad Catalana de Cogeneración (su nombre fundacional), figuraban entre otros Eduardo Merígó, como presidente, y Didac Fábregas como vicepresidente ejecutivo.

Estas dos personas aparecen implicadas en la denuncia por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y violación de secreto que ha presentado contra el alcalde del Puerto de la Cruz, el socialista Félix Real, la concejal independiente Carmen María Rodríguez Cámara, y que ha sido admitida a trámite por el juez (ver EL PAÍS del pasado 9 de junio).

La citada concejal ha denunciado al alcalde y a los concejales que acordaron en un pleno municipal el pasado 25 de abril conceder el suministro de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales de la localidad a un grupo empresarial en el que figuraba la empresa Compañía General de Aguas de España, SA, en cuya cúpula directiva aparece Eduardo Merigó.

La consultora Estudis i Assessorament, de la que Didac Fábregas es consejero delegado, elaboró, por encargo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el estudio para elaborar el pliego de condiciones del concurso de dicha contrata.

Didac Fábregas ha remitido una nota a este periódico en la que señala que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz le encargó en 1989 un estudio para el ciclo integral del agua, desconociendo si el mismo fue empleado para la elaboración del pliego de condiciones por el que se adjudicó dicha concesión.

Discrepancias

Fábregas, quien asegura haber abandonado la política en 1984 por discrepancias con el PSC, partido en el que se integró a finales de los años setenta, entre otras razones, señala que las informaciones aparecidas en este diario y en otros medios de comunicación son maniobras para "difamar y calumniar a los ex militantes antifranquistas que nos hemos pasado al mundo empresarial". "Yo eximo de toda responsabilidad al PSOE de mis actuaciones profesionales y empresariales", agregó Fábregas.La Compañía General de Aguas de España y la consultora Estudis i Assessorament vuelven a aparecer en la adjudicación de la depuradora de aguas residuales de Zaragoza, un proyecto de 22.000 millones de pesetas que la oposición en el Ayuntamiento zaragozano -Partido Aragonés, Izquierda Unida y Grupo Mixto- ha pedido que se revise.

El alcalde de Zaragoza, el socialista Antonio González Triviño, firmó el 4 de mayo de 1988 una resolución por la que se adjudicaba a la consultora de Didac Fábregas la elaboración de un estudio para determinar la situación y alternativas futuras del Servicio Municipal de Aguas de Zaragoza. El importe cobrado por dicho informe ascendió a 4.934.500 pesetas. El estudio recomendaba la construcción de una gran depuradora. El pleno del Ayuntamiento adjudicó, en julio de 1990, las obras de la depuradora al grupo OTV (Omnium de Traitement et Valorisation), integrado por la francesa Compagnie General de Eaux y la Compañía de Aguas Generales de España, SA, cuyo vicepresidente es Eduardo Merigó.