El Estado debe 30.000 millones de pesetas a particulares por expropiaciones para carreteras

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes debe 30.000 millones de pesetas a varios miles de particulares por las expropiaciones llevadas a cabo desde el año 1987 para atender el Plan de Carreteras 1984-1991. El grueso de la deuda, 22.000 millones de pesetas, incluidos 2.750 millones a satisfacer por intereses de demora, corresponde fundamentalmente a expropiaciones realizadas desde el último trimestre del año 1989 hasta diciembre de 1990. El resto, 8.000 millones de pesetas, corresponde a actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio en curso.

El departamento que dirige José Borrell considera prioritario atender la deuda contenida en unos 4.300 expedientes de expropiación, algunos de los cuales datan de hace cuatro años, y estudia la forma de hacerlo antes del otoño.La deuda global de Obras Públicas, si se tienen en cuenta además las obligaciones contraídas y no satisfechas tanto con empresas constructoras como con consultoras, se eleva a unos 100.000 millones de pesetas. El retraso en los pagos de la obras sacadas a concurso por el MOPU es una queja ya tradicional y reiterada entre las grandes empresas del sector.

La dificultad para atender los pagos, tanto a las empresas como a los particulares, reside en la insuficiencia del presupuesto, que en estos momentos está prácticamente agotado.

Reajustes de obras

La única vía posible para resolver un problema que se considera urgente es, según el responsable de planificación y presupuestos, José Antonio Hinojosa, "efectuar reajustes de anualidades de obra, siguiendo las instrucciones que se han dictado". En otras palabras, quitar dinero de obras aprobadas y en curso y efectuar un trasvase de presupuestos para atender los pagos más urgentes. Y lo más urgente, según las directrices del ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, es satisfacer la deuda contraída con los particulares.De los 22.000 millones de pesetas que el MOPU debe pagar por expropiaciones realizadas hasta diciembre de 1990, más de 14.000 millones corresponden a expedientes resueltos de mutuo acuerdo entre las partes (expropiado y Administración); 3.600 millones a expedientes resueltos mediante el recurso a jurado de justiprecio (fijación del precio del terreno expropiado por terceros para resolver el desacuerdo entre las partes) y unos 2.800 millones a intereses de demora por el retraso en satisfacer los pagos.

El Plan de Carreteras 1984-1991 establecía actuaciones en cuatro apartados, autovías, medios urbanos, acondicionamiento de la red y los denominados programas reco (reposición y conservación de vías). Los cuatro apartados, que en cuestión de presupuesto y planificación tienen la consideración de compartimentos estancos están siendo estudiados con detalle con el fin de diferenciar los proyectos mejor dotados, en los que es posible limar del presupuesto, de los que por el contrario, es imposible detraer ni una sola peseta.

A pesar de que la intención es resolver los expedientes y encontrar el dinero necesario antes del próximo otoño, en el Ministerio de Obras Públicas se reconoce que la tarea es ardua y la tramitación, lenta.