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El tribunal del `caso Blasco' declara ilegales las escuchas telefónicas a los acusados

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJV), que componen la sala que enjuicia el denominado caso Blasco, declararon ayer ilegales las grabaciones telefónicas practicadas a instancias del fiscal y presentadas como principal prueba por el ministerio público. Los magistrados consideran que la intervención telefónica se realizó "violentando derechos fundamentales de la persona". El ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat, Rafael Blasco, y cinco personas más están acusadas por el ministerio fiscal de los delitos de cohecho y maquinaciones para alterar el precio de las cosas.

Tal y como solicitaron los abogados defensores, el tribunal del caso Blasco anunció ayer que las grabaciones telefónicas no podrán ser utilizadas como prueba ni se podrá hacer mención, durante la celebración de la vista oral, a ninguna de ellas. "Las intervenciones telefónicas se decidieron y ejecutaron sin cumplir los requisitos previstos legalmente", afirma la resolución hecha pública ayer por el presidente de la sala del caso Blasco y presidente del TSJV, Juan José Marí.Durante los dos primeros días de la celebración de la vista oral del caso Blasco, que comenzó el 3 de junio, los letrados defensores solicitaron que se declarasen nulas las grabaciones telefónicas efectuadas a instancias del fiscal jefe del TSJV, Enrique Beltrán.

Según consta en el escrito provisional de conclusiones del fiscal, de las conversaciones grabadas se deduce que Rafael Blasco, junto con el arquitecto José Antonio de Juan; el aparejador José Manuel Chuliá; el ex gerente. del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVV), Juan José Esturi; la funcionaría de la Consejería de Obras Públicas Inmaculada Sancho; y Jacques Lacroix, representante en España de la empresa francesa l'Occidentales des Centres Commerciaux (OCC), acordaron favorecer la pretensión de la empresa OCC para que se adjudicara unos terrenos de uso terciario en la localidad de Paterna, que salieron a concurso público-El fiscal también asegura que los acusados recibieron de Lacroix ofertas económicas muy sustanciosas para favorer los planes de OCC.

Destitución de Blasco

Beltrán solicitó la intervención de estas escuchas tras la presentación de una denuncia, por parte de la exdirectora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, en relación con la recalificación irregular de unos terrenos en Las Salinas de Calpe. El anuncio de la presentación de esta denuncia motivó la destitución, por parte del presidente de la Generalitat, Joan Lerma, de Rafael Blasco.

El tribunal considera, tal y como señalaron las defensas, que el juez no motivó suficientemente la intervención telefónica y que no existían suficientes indicios delictivos para acordar la medida. "No cabe acordar una medida de la trascendencia de la intervención de las comunicaciones telefónicas con el sentido de pesquisa, esto es, sin indicios de la existencia de un delito y para ver lo que se descubre en general", dice la resolución judicial.

Asimismo, los magistrados explican que debe ser la autoridad judicial quien realice la selección de las conversaciones. En el caso Blasco las grabaciones que constan en el sumario no son las originales. Los agentes de policía, por orden del fiscal, grababan las conversaciones de los teléfonos intervenidos en dos grandes bobinas y, posteriormente, realizaban ellos mismos una selección de los pasajes, que a su juicio, resultaban más interesantes. Esta selección se volvía a grabar en cintas más pequeñas, que son las que ahora constan en el sumario.

Los magistrados del tribunal del caso Blasco consideran que la garantía del derecho fundamental tiene que suponer que la limitación del secreto de las comunicaciones telefónicas quede enteramente bajo el control judicial. Tras la lectura de la resolucción, prestó declaración Rafael Blasco. El ex consejero de Obras Públicas negó la acusación de cohecho.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 11 de junio de 1991

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