Un fiscal imparcial, garantía de justicia

El autor rechaza que el Ministerio Fiscal esté sometido a la subordinación del poder político del momento. El congreso de la Unión Progresista de Fiscales, celebrado en Palma, ha exigido transparencia en el funcionamiento interno del Ministerio Fiscal y ha denunciado las insuficiencias de la política gubernamental respecto del Ministerio Fiscal en cuanto deteriora la institución.

El lema del congreso anual de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha sido el de "asegurar nuestra imparcialidad".Cuando sigue afirmándose con notable ligereza y falta de rigor que el fiscal "depende del Poder Ejecutivo" (ver EL PAÍS 14-5-91, página 34), es profundamente positivo y esclarecedor para todos los ciudadanos conocer como ejercen y enfocan su función un grupo de fiscales. En primer lugar, afirman, rotundamente - por obvio que parezca- que el Ministerio Fiscal no depende del Poder Ejecutivo Por más que ciertamente, actúe bajo la suprema dirección del Fiscal General del Estado y, en un escalón intermedio, de los fiscales jefes. Pero esta relación, planteada por la Constitución y ejercida en el marco del Estado Democrático, es perfectamente compatible con el ejercicio autónomo y responsable de la función confiada a cada fiscal, que se concreta, esencialmente, en, la defensa de los derechos de los ciudadanos a través de la persecución del delito y la protección de las víctimas.

La prueba de ello es que el fiscal puede oponerse legalmente a las órdenes del superior, discutiendo y poniendo a prueba la licitud o la procedencia de las mismas, instrumento que permite conocer si la dirección del Ministerio Fiscal se produce conforme al estricto principió de legalidad; es un procedimiento vivo para contrastar la aplicación y la fidelidad del Ministerio Fiscal a los principios constitucionales. Naturalmente puede haber desviaciones en el desarrollo de este principio institucional, pero, igualmente, la afirmación de que los jueces con independientes -concepto siempre multívoco no excluye que en ciertas interpretaciones legales y resoluciones puedan obrar movidos por criterios que, objetivamente, expresen un parti pris ideológico y social, por más que nadie les ordene nada expresamente. Sin embargo, salvo excepciones, suelen estar a cubierto de toda crítica bajo el clásico manto de la independencia judicial, principio que en ciertas ocasiones sirve, además, para ocultar pasividad e ineficacia.

Pero parece que no basta. Constantemente surgen voces, dentro y fuera de la Magistratura, que llevan a una fácil descalificación del Ministerio Fiscal como una institución, sumida en una permanente sospecha de entreguismo al Gobierno de turno.

La historia podría justificar, sin duda, este juicio negativo, particulármente durante la dictadura, pero tampoco escaparía del mismo el propio poder judicial pese a su siempre proclama da independencia. Ahora ya no puede seguir planteándose la cuestión en los mismos términos.

En efecto, el Fiscal actúa bajo criterios, entendidos democráticamente, de unidad y jerarquía para garantizar la eficacia de su misión constitucional. Pero también está obligado a actuar con imparcialidad, es decir, con objetividad y rechazando de plano cualquier clase de influencias o presiones. Porque, finalmente, sólo se debe a la Ley y a la defensa deI interés público y social y, en particular, de los derechos de los ciudadanos y grupos sociales más indefensos.

Así se ha expresado en Palma de Mallorca en las propuestas de reformas legales sobre una amplia despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la defensa del medio ambiente, etcétera.

Puede que alguien dude de ello pero, en todo caso, esa duda, más allá de los grandes principios, debería mantenerse por igual respecto de la función judicial porque todos -jueces y fiscales- formamos partes de una sociedad de clases e ideológicamente plural, con los condicionamientos que ello conlleva, en la que debe mostrarse día a día, procedimiento a procedimiento, qué se obra independientemente, sobre todo cuando se resuelven cuestiones relacionadas con el poder económico y político.

El futuro del fiscal

Desde esta posición realista los fiscales reunidos en Palma han hablado en sus conclusiones, en términos que están muy lejos de esta pretendida subordinación del Ministerio Fiscal al Poder Ejecutivo, de "compromiso social del fiscal en la defensa de los valores democráticos", del control y vigilancia de la acción de las administraciones públicas -con plena independencia de éstas-, han exigido transparencia en él funcionamiento interno del Ministerio Fiscal y han denunciado las insuficiencias de la política gubornamental, respecto del Ministerio Fiscal -pocos fiscales y, en general, con escasos medios- en cuanto vacía y deteriora la institución, reduce su capacidad de acción y de iniciativa en la investigación de oficio de ciertos delitos socioeconómicos y, como consecuencia de ello, reproduzco textualmente: "...los ciudadanos indefensos quedan aún más desvalidos y se favorecen indirectamente los abusos del poder político y social".

Pero más allá de las palabras y las aspiraciones más inmediatas, lo que esa reunión ha expresado es la voluntad de caminar hacía un modelo de Ministerio Fiscal, constitucionalista, que no quiere más compromiso que con el Estado Democrático y con todos los ciudadanos, especialmente con los más desvalidos. Y que aceptando plenamente, sin complejos su estatuto profesional y, por tanto, sin apelar a la independencia como si fuera él único criterio legitimador, afirman que su posición activa y dinámica en el Estado, como promotor objetivo de la justicia, es una garantía para la construcción del Estado Social del Derecho y para edificar la democracia avanzada.

Pero la ejecución de este proyecto no sólo depende de los fiscales. Depende también de quienes legislan, cuando definan legalmente el futuro del fiscal, sus funciones en el campo de la investigación penal -que tan infundados recelos suscita- y las garantías de su funcionamiento, armonizando la unidad y cohesión interna con criterios democráticos, y, cómo no, de quienes gobiernan, en cuanto condicional básicamente la actuación del Ministerio Fiscal a través de la correspondiente política presupuestaria.

Los fiscales reunidos en Palma de Mallorca y el Ministerio Fiscal esperan y confían disponer de los instrumentos legales y los recursos necesarios para ejercer más eficazmente sus funciones, para superar, en estrecha cooperación con los jueces y, sin más demora, los fallos crónicos de la Administración de Justicia, y merecer, si es todavía posible, la confianza de los ciudadanos.

Sería una prueba de que, en efecto, sus intereses y derechos son debidamente tutelados.

es fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña.