Todo el Congreso, salvo el Partido Popular, aprobó ayer la reforma fiscal

La tercera reforma fiscal de la democracia se aprobó ayer en el Congreso con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP. El nuevo impuesto sobre la renta y el patrimonio costará al erario público una cantidad cercana al medio billón de pesetas, según Hacienda. El coste será asumible si se produce, como se propone el Gobierno, un mayor reparto de la carga fiscal; es decir, que los trabajadores paguen menos, los empresarios y profesionales contribuyan en mayor medida y que la regularización fiscal consiga aflorar el dinero negro. La reducción de la tarifa, el fomento fiscal del ahorro, la deducción por alquileres y por guarderías, y el mejor tratamiento de las rentas del trabajo son las principales novedades de la reforma.

Sólamente el Partido Popular ha mantenido hasta el último momento su oposición a la reforma fiscal que ayer se aprobó en el Congreso. Los restantes grupos parlamentarios, incluido el socialista, han conseguido arañar modificaciones al texto remitido por el Gobierno, lo que ha facilitado un amplio apoyo por parte del Parlamento al nuevo impuesto sobre la renta y el patrimonio.El precio de este consenso se ha elevado desde los 300.000 millones de pesetas en principio previstos hasta cerca de medio billón de pesetas. El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, negó ayer en el Congreso que la merma de ingresos derivada de la reforma se vaya a traducir en un menor gasto público o en el aumento de otros impuestos con este fin.

Su propósito es que exista un mayor reparto de la carga Fiscal, que paguen impuestos los que hasta ahora no lo han hecho y que Hacienda sea más eficaz. En concreto, el Gobierno se propone elevar la tributación de empresarios y profesionales con la reforma de la estimación objetiva singular que entrará en vigor paralos sectores en 1992 y para un total de 50 sectores en los próximos años.

La regularización fiscal permitiría, si tiene éxito. que paguen impuestos los que hasta ahora no lo han hecho. Por último, la puesta en marchade la Agencia Tributarla "antes de final de año" dará más autonomía y eficacia a la maquinarla recaudatoria.

El objetivo don todas estas reformas es que el sistema fiscal adquiera velocidad de crucero" a partir de 1994, es decir, que se acerque lo más posible al mandato constitucional de que cada uno contribuya de acuerdo con su capacidad económica. El coste se enjugará a lo largo de estos tres años y será más soportable a medida que se consiga el objetivo de limpiar el fraude.

Esta es la tercera vez en el sistema democrático que se ernprende una reforma fiscal en profundidad. La primera, en el año 1978 y la segunda como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 1989 que obligó a establecer un impuesto sobre los individuos y no sobre las familias.

Rebaja de tarifa

La imposibilidad de elevar la tarifa para los solteros -nadie podía salir perjudicado- ha llevado a esta tercera reforma que ha pretendido, además, armonizar la legislación española en el marco de la Comunidad Europea. El nuevo impuesto sobre la renta y el patrimonio aprobado ayer entrará en vigor en 1992, es decir, se aplicará en las declaraciones que se presenten en junio de 1993.

La principal novedad de la reforma consiste en que se establecen por primera vez dos tarifas distintas, una para las declaraciones individuales -solteros y matrirnonios que deciden tributar por separado- y otra para los casados que las presenten de forma conjunta. Junto a las dos tarifas se ha producido una reducción general de los tipos impositivos de forma que el mínimo pasa del 25%, actual al 20% y el máximo del 56% al 53%.

Las rentas del trabajo salen también beneficiadas con la reforma. En concreto, se eleva al 5% -desde el 2% actual- la deducción por gastos con un límite máximo de 250.000 pesetas. Como contrapartida, se someten por primera vez a tributación las rentas en especie -coches, casas, participación en beneficiosque las empresas pagan como parte del sueldo a sus ejecutivos.

El ahorro popular recibe también por primera vez un tratamiento fiscal beneficioso. En concreto, se libera de tributación el primer millón de pesetas obtenido como rendimiento de unas cuentas de ahorro especiales -aún por diseñar-, siempre que se mantenga el dinero inmovilizado durante cinco años y la cantidad total no exceda de los 10 millones de pesetas.Vivienda

Otra novedad es que se podrá deducir la cantidad pagada en concepto de alquiler de vivienda en un 15% y con un máximo de 75.000 pesetas por año. Este beneficio se reserva a los contribuyentes cuyos ingresos no superen los tres millones de pesetas anuales.

En la compra de vivienda habitual se mantiene la deducción en la cuota del 15'Yo de la inversión efectuada y las 800.000 pesetas de desgravación en la base de los intereses de capitales ajenos invertidos. Para la declaración conjunta la desgravación por intereses pasa de 1,6 millones a un millón de pesetas. Se mantiene también la consideración como ingreso del 2% del valor catastral de la vivienda propia.

Los gastos de guardería y custodia de niños menores de tres años también serán deducibles en la renta con un máximo de 25.000 pesetas por año.

Con carácter general se eleva a un millón de pesetas la obligación de declarar el IRPF para las individuales mientras que para las conjuntas se establece en 1,2 millones.