Vandalismo racista

LOS LAMENTABLES sucesos del pueblo jiennense de Mancha Real, en el que durante el fin de semana fueron saqueadas y destrozadas las viviendas de seis familias gitanas como represalia por la muerte de un vecino, muestran hasta qué punto el resquemor y el odio larvado se sobreponen a veces a cualquier otro sentimiento en las relaciones entre payos y gitanos en muchos lugares de España. Pero en estos sucesos existen algunos matices que los hacen todavía más desgraciados: la actitud en ningún modo apaciguadora de la autoridad local frente a la exaltación vecinal y la pasividad de la Guardia Civil, que presenció impávida el destrozo ole las propiedades gitanas.Sin duda, el hecho que provocó la airada reacción de algunos grupos de vecinos de Mancha Real es de los que más pueden dañar la pacífica convivencia: la muerte en una reyerta de un vecino a manos de otro, miembro éste de una de las familias gitanas radicadas en el pueblo. Es humanamente comprensible que la comunidad se sienta conmocionada por la muerte violenta de uno de sus miembros y exija el castigo de sus autores. Pero el dolor que produce un hecho así no puede traducirse en un intento de tomar la justicia por su mano. Mucho menos en echar sobre las espaldas de todo un grupo social la responsabilidad de una acción que sólo es imputable a quienes la han perpetrado. Todo paso que se dé en este camino no hace sino reforzar la vigencia de reglas y actitudes que deberían desterrarse de toda sociedad que se considere civilizada: la intolerancia, en lugar de la comprensión; la venganza, en lugar de la justicia; la barbarie, en lugar de la ley; el racismo, en lugar de la solidaridad.

Desgraciadamente, el riesgo de que la sociedad española, a la par que el conjunto de la europea, avance por el peligroso camino de la intransigencia no es una quimera. La ola de xenofobia que desde hace algún tiempo invade los países europeos ha tenido su última manifestación la semana pasada en el estallido de violencia protagonizado por los inmigrantes norteafricanos en Bruselas. En España, el previsible aumento de la población emigrante, a pesar del mayor control en las fronteras, puede ser un factor que active las actitudes de rechazo frente al extranjero de tez oscura o frente a grupos autóctonos de españoles que, como los gitanos, viven marginados de los usos sociales de la mayoría de la población.

De ahí que sea tan importante que los poderes públicos impulsen políticas integradoras. Algo que ha desconocido de manera harto irresponsable el alcalde de Mancha Real, que, en lugar de encauzar y moderar los ánimos exaltados de sus convecinos, los ha alentado, propiciando la comisión de un acto vandálico de claro matiz racista ante la asombrosa pasividad de la Guardia Civil. No es un objetivo fácil romper el círculo de discriminación en que viven encerrados los gitanos en España. Pero gobernantes y responsables políticos deben hacer que se respeten sus derechos constitucionales como colectivo. Sus rasgos diferenciales no pueden en ningún caso justificar políticas y actitudes socialmente segregacionistas. La sociedad española en su conjunto saldrá ganando con ello.