La asignatura pendiente

Una de las tradiciones más arraigadas en la sociedad española es la de poseer una vivienda en propiedad. Una tradición fomentada bajo el franquismo y alimentada durante los últimos años por una política de incentivos fiscales. No obstante, durante la década de los ochenta, este objetivo se ha ido convirtiendo no ya en un sueño irrealizable, sino en una verdadera pesadilla.El boom inmobiliario, la escasez de suelo urbanizable, la especulación, la sustitución de las promociones públicas por las privadas y las dificultades de acceso a créditos sencillos de amortizar, dispararon los precios de la vivienda y truncaron el nacimiento de nuevos propietarios. Por si esto fuera poco, ese espectacular repunte de los precios también se ha reflejado en el mercado de los alquileres, que por otra parte no ha cesado de reducirse. El total de viviendas en alquiler en España es de 1.365.704, mientras que en Francia sólo las de propiedad pública superan los tres millones. Esta escasez de viviendas de alquiler es el elemento que provoca mayores tensiones sociales y el que tiene más difícil solución.

Estos explosivos ingredientes no han hecho, pues, más que estallar con el detonante de las próximas elecciones y la promesa del PSOE. Una explosión que ha puesto al descubierto el calado del enfrentamiento latente entre partido y Gobierno.

No obstante, lo realmente importante es que detrás de este pulso político hay un enorme drama social. Hoy por hoy, los estudios estiman que hay 700.000 familias cuyas necesidades de vivienda no han sido satisfechas, y que esa cifra puede superar con creces el millón si se mantiene el ritmo actual de construcción y las condiciones de financiación.

La misión del Ejecutivo consiste ahora en cuadrar un paquete de medidas que abaraten el precio de la vivienda y su financiación, amplíen la oferta de pisos en alquiler frenando la subida de sus precios y creen un marco legislativo estable y consensuado que asegure que las soluciones adoptadas sean efectivas a medio y largo plazo.

El objetivo prioritario de los responsables de la elaboración del plan, Carlos Solchaga y José Borrell, es lograr un gran pacto político que obligue a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a crear suelo urbanizable. Ambos están de acuerdo en que una de las claves del problema de la vivienda es la carencia. de suelo, que ha provocado el boom de los precios. Las transferencias autonómicas han trasvasado el control del suelo a manos de comunidades y ayuntamientos, quienes no han realizado la política más adecuada para fomentar la creación de nuevas viviendas. El propio Solchaga reconoció anteayer mismo que sería absurdo crear un sistema de financiación alternativo si no se conseguía aumentar la oferta de suelo, "ya que ello podría tener efectos contrarios a los deseados". Es decir, podría provocar un nuevo repunte en los precios, al aumentar la demanda y permanecer constante la oferta.

El segundo gran eje de la reforma es ampliar el abanico de las ayudas del Estado a los ciudadanos para la compra de una vivienda protegida. En la actualidad, únicamente las familias con ingresos inferiores a cinco veces el salarlo mínimo interprofesional -unas 266.000 pesetas al mes- pueden acceder a créditos para comprar una vivienda protegida. El proyecto del Gobierno es que ese tope se eleve a 7 veces el salario mínimo interprofesional -unas 373.000 pesetas al mes- Esta ayuda se completará con la elevación de otro tope, el fijado para el acceso del subsidio del tipo de interés, que ahora se encuentra en 2,5 veces el salario mínimo y que podría llegar hasta 4,5 veces.

Cambios financieros

El tercer paquete de medidas afecta muy directamente a las entidades financieras. Primero con la reforma del mercado hipotecario que permitirá ceder préstamos; es decir, que un banco o caja de ahorros pueda traspasar el crédito otorgado a un cliente a un tercero, que muy bien puede ser una sociedad u otro particular. De esta forma se consigue que los bancos saquen de su balance los préstamos, escapando así del peaje de los coeficientes con lo que reducen sus costes. Por otra parte, esos préstamos cedidos se convierten en títulos hipotecarios a negociar en bolsa. Economía espera que el desarrollo de este mercado hipotecario suponga la reducción en un punto de los créditos.

Otra medida para abaratar los créditos será fomentar las cuentas ahorro-vivienda. Este producto, que tiene importantes ventajas fiscales por mantener una inversión destinada a la compra de una vivienda en plazo máximo de cuatro años, puede ver prorrogada su duración dos años más. En este caso, las cuentas serían exclusivas de las entidades que se comprometan con el plan del Gobierno.