La compañía propietaria de Vandellós 1, multada con 70 millones
El Gobierno multó ayer a la compañía Hispano Francesa de Energía Nuclear (HIFRENSA), propietaria de la central nuclear Vandellòs 1, con 70 millones de pesetas como consecuencia de su actuación durante el incidente ocurrido en las instalaciones el 19 de octubre de 1989.Según el expediente sancionador contra HIFRENSA, la compañía dificultó la correcta gestión del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona, cuya finalidad es proteger a la población que potencialmente pudiera resultar afectada por un accidente desencadenado en una de las centrales nucleares de la citada provincia.
El incidente no tuvo consecuencias radiológicas, según el citado expediente, y fue calificado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, con sede en Viena, como suceso de categoría 3 en una escala de 7 niveles. El organismo consideró el suceso como incidente serio, sin llegar a la categoría de accidente.
El Consejo de Ministros aprobó también un acuerdo por el que se declaran las Zonas de Acción Especial durante el cuatrienio 1191-94 y acordó la cooperación financiera estatal por un importe de 16.000 millones de pesetas, con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Las inversiones serán distribuidas en aquellas áreas en las que se dan unas circunstancias socioeconómicas y territoriales que condicionan un bajo nivel de calidad de vida.
El pleno del Gabinete ha sido informado de la autorización para realizar obras de emergencia para mejorar el abastecimiento de agua en Vitoria y Bilbao, a como para prevenir la sequía e la cuenca del Segura, en Murcia.
Las medidas para complementar el suministro de agua a las dos capitales vascas mencionadas suponen inversiones por valor de 350 millones de pesetas, mientras que las actuaciones en la cuenca del Segura se elevan a 191 millones.
Las obras contra el sequía en la zona del Segura se centran en el aprovechamiento de varios acuíferos situados en el valle del río y sus afluentes.
Nombramientos
Lluís Reverter, hasta ahora director general de Relaciones Informativas y Sociales del Ministerio de Defensa, ha sido nombrado secretario general de Coordinación y Servicios de la Presidencia. De él dependerán los servicios de seguridad y protocolo del Estado.
José Leopoldo Aranda, ha sido designado fiscal jefe de la Audiencia Nacional. En la actualidad estaba destinado en el Tribunal Supremo.
Vicente Albero, ha sido nombrado secretario del Estado para la Política de Agua y Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Cristina Narbona, es la nueva directora general para la Vivienda y Arquitectura.
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