Industria fijará un canon en la tarifa eléctrica para amortizar las nucleares que se cierren

El Ministerio de Industria y las compañías eléctricas iniciarán, en breve plazo, las negociaciones para discutir el cierre y la amortización de las centrales, nucleares que estaban en moratoria y que puedan quedar definitivamente clausuradas. El objetivo es conseguir que esta amortización quede reflejada en la tarifa eléctrica mediante la instauración de un canon similar al que actualmente se destina a sufragar los activos en moratoria, que se cifra en el 3,54%, y al que vendría a sustituir. Otro punto fundamental de las negociaciones es el plazo que se fijará para realizar la amortización de las centrales.

A pesar de que el titular de Industria, Claudio Aranzadi, evitó detallar si el futuro (le los cinco grupos nucleares sobre los que se decretó la moratoria en 1984 (Valdecaballeros 1 y 2, Lemóniz 1 y 2 y Trillo 2) pasa por mantener la moratoria o por el cierre definitivo de las instalaciones, lo más seguro es que se deje que las compañías propietarias puedan negociar el cierre o dejarlas en moratoria hasta nuevas revisiones de equipamiento eléctrico. Las compañías propietarias (Iberduero, por Lemóniz, Hidrola y Sevillana por Valdecaballeros y Unión Fenosa y Endesa por Trillo 2) se han mostrado partidarias, en sus primeras impresiones, de negociar el cierre.Existen grandes diferencias tanto en las cifras que manejan las empresas y la Administración como en el periodo de amortización de los activos. Fuentes de las empresas implicadas han manifestado que preferirían que se hiciese en un periodo corto.

Sin embargo, las propias empresas van a tener que rectificar los argumentos que esgrimieron al respecto el pasado 20 de febrero dentro de la Propuesta conjunto, para la reordenación del sector eléctrico que firmaron cinco compañías privadas (Iberduero, Hidrola, Unión Fenosa, Sevillana e Hidrocantábrico). La propuesta decía que "si el Gobierno decide cancelar alguna de las centrales en moratoria debe quedar garantizada la recuperación de la deuda existente y el tratamiento económico no debe ser más favorable que el aplicado a las centrales que han entrado en explotación".

Plazo de amortización

Ahora la propuesta se ha vuelto en contra, ya que, según la normativa vigente, una central en explotación se amortiza en 25 años y no en ocho como había propuesto la propia Iberduero antes de alcanzarse el acuerdo conjunto. En cualquier caso, el plazo tendrá que ser determinado en las negociaciones entre las compañías e Industria, que, además, contemplan la reordenación del sector, en la que ya Iberduero e Hidrola han acordado fusionarse.

Precisamente, a la hora de fijar el nuevo canon, el plazo se puede convertir en una cuestión fundamental. El nuevo porcentaje, aplicado en la tarifa eléctrica, según las fuentes consultadas, no se diferenciaría demasiado del 3,54% que existe actualmente para sufragar la moratoria nuclear, que quedaría suprimido siempre que se determinara la clausura definitiva de alguna de las centrales. El actual canon supone 40 céntimos por kilovatio/ hora consumido en la tarifa que pagan los consumidores. En 1990, se destinó a la moratoria más de 45.000 millones de pesetas.

El principal problema en las discusiones se va a centrar en ponerse de acuerdo en la cantidad que se debe cubrir. Las empresas dicen que el agujero ronda los 825.000 millones de pesetas, que es la cifra que reflejan sus libros. La cifra que maneja la Administración, no obstante, es de 650.000 millones (300.000 por Valdecaballeros y Lemóniz y 50.000 por Trillo 2).

Esta diferencia proviene, básicamente, de que la Administración contempla la inversión material y los intereses, mientras las empresas añaden las diferencias de valoración y otros conceptos. En ese sentido, según los datos de las propias empresas, la única que ha llevado a cabo un saneamiento y equiparación en la valoración ha sido Iberduero, por lo que la deuda de Lemóniz está más ajustada que el resto de las centrales. Para calcular la deuda, hay que partir de los 415.000 millones reconocidos en 1984, cuando se determinó la moratoria nuclear, a partir de las auditorías realizadas por la firma Arthur Andersen.

Intereses e inversiones

Para cubrir esa cantidad se aplicó el mencionado canon (al principio fue de 3,96%); pero con él no podía cubrir la bola de nieve que suponían los intereses e inversiones (en algunos casos ha habido desinversiones) que se han hecho en las centrales nucleares para su mantenimiento, por lo que pasaban a engrosar la deuda. Según esos criterios, en estos momentos se estima que ha aumentado hasta los mencionados 650.000 millones.

Por otro lado, la decisión adoptada por el Gobierno supone un coste menor que el que hubiera significado la apertura de nuevas centrales nucleares, según explicó el ministro el pasado martes. De cualquier forma, ese menor impacto puede verse compensado con el sobrecoste que puede suponer en la tarifa un canon mayor que el existente para la moratoria nuclear.

El propio ministro subrayó que hay que estar preparado para contar con reactores nucleares de seguridad pasiva. Con ello dejó claro que la decisión no responde tanto a posiciones antinucleares como a razones de coste.