El Gobierno ampliará el límite de ingresos para poder comprar una vivienda de protección oficial

La ampliación del límite de ingresos para acceder a la financiación privilegiada de la vivienda de protección oficial y la estimulación del mercado de alquiler, mediante la eliminación de las subrogaciones en las rentas antiguas y la modificación del decreto Boyer de tal manera que el plazo mínimo de los contratos sea de dos o tres años, son los principales pilares del plan de viviendas que el Gobierno analizará mañana, viernes, en la reunión del Consejo de Ministros. Con este paquete, el Ejecutivo quiere responder al compromiso del PSOE de facilitar el acceso a 400.000 viviendas.

Los ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Economía y Hacienda están trabajando en este paquete de medidas con el triple objetivo de abaratar el precio de la vivienda y su financiación, ampliar la oferta de viviendas en alquiler y frenar la subida de sus precios, y, crear un marco legislativo estable y consensuado para que estas medidas sean efectivas a medio y largo plazo.En el paquete destaca la modificación del actual sistema de viviendas protegidas, con el doble fin de que puedan acogerse al mismo un más amplio espectro de familias de renta media y baja. Según la actual normativa, solamente las familias con ingresos inferiores a 5 veces el salario mínimo interprofesional (266.000 pesetas al mes) pueden acceder a los créditos para viviendas protegidas, que tienen un tipo del 13%, sin que exista ninguna otra ayuda pública para ese nivel de rentas. La propuesta que ahora se baraja es elevar este límite hasta siete veces el salario mínimo, lo que supondría unos ingresos familiares de casi 373.000 pesetas mensuales. Al tiempo, se analiza el establecimiento de mecanismos que permitan perseguir el fraude en las viviendas protegidas de forma más eficaz.

Más suelo

La reforma de la vivienda protegida pasa también por la puesta a disposición en el mercado de mayor cantidad de suelo público, lo que exige la consecución de pactos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas. La especulación del suelo ha sido la causa fundamental del abandono de la vivienda protegida por parte de la iniciativa privada durante los últimos años en los que la promoción se ha centrado en la vivienda libre. Ahora se estudia reanimar la construcción de pisos destinados a la clase media mediante una fórmula que puede ser la oferta de los ayuntamientos de suelo barato a aquéllos que se comprometan a promover viviendas a un precio previamente tasado. La reforma de la ley del suelo, que entró en vigor en agosto del año pasado, permite precisamente a las corporaciones locales dotarse de más suelo público a través de las cesiones que han de hacer los promotores e, incluso, de expropiaciones.

De momento, la propuesta de concertación ya ha sido bien acogida por el presidente de la Federación Española de Municipios, Tomás Rodríguez Bolaños, que ha pedido ya entrevistarse con el ministro de Obras Públicas, José Borrell.

El Ejecutivo tratará también de abaratar la financiación general de la vivienda. La idea es acercar el tipo de interés de los créditos hipotecarios a la rentabilidad de la deuda privada a más largo plazo. Y pretende conseguir tal abaratamiento mediante la cesión de los créditos hipotecarios. Con la cesión, los bancos sacan de su balance estos créditos, con lo que reducen sus costes pues no han de cumplir coeficientes por ellos, y, además, el préstamo pasa a los inversores privados transformado en títulos hipotecarios que se negociarán en Bolsa. Este sistema podría abaratar el crédito hipotecario del orden de un punto, según opina la asociación de banca privada.

Dentro del paquete de medidas, las de tipo fiscal son las que parecen distanciar más al equipo que elabora las líneas generales del plan. Mientras Economía se muestra reacia a las mismas, Transportes está a favor de una modificación de las cuentas de ahorro-vivienda, de forma que su plazo se ampliara desde los cuatro años actuales hasta seis como mínimo, y que su apertura por parte de los bancos supusiera el compromiso de los mismos de colaborar en las medidas que establezca el plan.

La elaboración del nuevo plan coincide, además, con el nombramiento de la nueva directora general de Vivienda, cargo que con toda probabilidad recaerá en Cristina Narbona, en la actualidad directora general del Banco Hipotecario.