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Tribuna:

Nación y nacionalismo españoles

Dejando al margen la cuestión del evidente carácter obsoleto del tradicional Estado-nación, así como los avatares históricos en la construcción del nuestro. cabe considerar críticamente las diferentes percepciones sociales de la nación española. Obviamente, ésta tiene, de entrada, un significado político y jurídico a tenor de las disposiciones constitucionales, pero interesa destacar la dimensión cívica de tal concepto.Para los castellanos, la existencia de la nación española es algo que no requiere demostración. El problema es que ellos no la conciben sin Cataluña, el País Vasco y Galicia. Parece, pues, que uno de los problemas no resueltos para articular satisfactoriamente la plurinacionalidad española es el de la cuarta nación, ya que ésta ignora serlo.

Así como entre los castellanos hay plena unanimidad sobre su pertenencia a la nación española, ello no ocurre del mismo modo con catalanes, vascos y gallegos. Entre éstos, una parte lo admite, pero otra no, y, dentro de ésta, hay quienes aceptan compartir un solo Estado con otros pueblos, pero una minoría no. En otras palabras, la mayoría de los catalanes y de los vascos se perciben fundamentalmente como tales, aun admitiendo mantener vínculos con España. Galicia es un caso atípico de nacionalidad escasamente consciente de serlo, a tenor de su comportamiento político, hegemonizado por la derecha españolista.

Incluso, a menor escala, tampoco catalanes y vascos escapan a ciertos problemas de identidad territorial (6valencianos y baleares son catalanes? (,Los navarros son vascos?). Es más, hasta hay quien plantea las relaciones Galicia-Portugal como una cuestión de irredentismo, si bien ello resulte poco creíble.

La expresión España puede ser perfectamente aceptada por los nacionalistas periféricos si se limita a designar a un determinado conjunto de nacionalidades vinculadas históricamente en un mismo Estado. Por el contrario, mucho más conflictiva resulta ser la idea de nación española, pues, si tiene un alcance omnicomprensivo, aquéllos no la aceptarán. En caso contrario, si debe reservarse para los castellanos -aun siendo cierto que éstos se ven como españoles a secas-, no sirve, pues tales ciudadanos no se imaginan sin las nacionalidades periféricas. Es más, la aceptación reductiva de España como sinónimo de Castilla inutilizaría la expresión de modo que pudiera ser globalmente aceptada.

Una posible propuesta conciliadora podría ser la de dar un uso británico a la palabra España. En el Reino Unido, escoceses, galeses, ingleses y norirlandeses (éstos, con reservas) pueden identificarse como británicos sin riesgos de confusión o solapamiento. Por lo demás, algunas instituciones de su sistema político -que, por cierto, no reconoce la autonomía política- no dejarían de resultar chocantes aquí para el grueso de los españoles. Por ejemplo, la existencia de un gran comité parlamentario especial para debatir las leyes que afecten a los territorios históricos o el rango ministerial atribuido a sus respectivos secretarios de Estado.

Es evidente que la compleja y polémica definición de España que da el artículo 2 de la Constitución no pretende ser un concepto científico, sino resolver un grave problema político histórico. Por una parte, más que fusión de las dos ideas tradicionalmente enfrentadas (unitarismo centralista contra federalismo autonomista) hay superposición de ambas. Sin embargo, el valor de tal declaración consiste en traducir un decisivo pacto político que debe ser preservado como compromiso mínimo ante cualquier eventual reforma. Ahora bien, es fuerte la tentación de presentar la trilogía constitucional (nación, nacionalidades y regiones) de modo jerárquico y escalonado y, por ello, españolista. Una cosa es que la autonomía tenga un carácter derivado y no originario, consecuencia del reconocimiento de una sola soberanía (la del pueblo español en su conjunto) y otra la interpretación reductora de la plurinacionalidad del Estado, implícitamente reconocida.

El neonacionalismo español, de corte regeneracionista y tecnocrático a la vez, admite una interpretación y un desarrollo exclusivamente regionalista del vigente sistema político y constitucional autonómico. La plurinacionalidad, o es admitida retóricamente o incluso abiertamente negada (las nacionalidades como mera denominación cultural de ciertas regiones). No es casual que este planteamiento sea especialmente crítico con los nacionalismos periféricos, reputados insolidarios y hasta aldeanos en un mundo, se señala, crecientemente transnacional. Siendo cierta esta crítica en numerosas ocasiones, no deja de llamar la atención su carácter parcial, ya que ignora por completo la existencia del nacionalismo de Estado, hasta tal punto éste parece natural.

El doctrinarismo regionalista de los neonacionalistas españoles es, pues, constatable en la concepción jerárquica del artículo 2, señalada en la recurrente identificación del Estado exclusivamente con el poder central, en la rancia tesis de que las políticas de progreso sólo pueden adoptarse desde un solo centro para ser eficaces y en el uso ideológico no indiferente de ciertas expresiones. Así, no es casual el criticable e impropio empleo de conceptos tales como Gobierno de la nación o lengua española, poco acordes, por cierto, con las estrictas disposiciones constitucionales, así como los debates de] llamado estado de la nación.

A mi juicio, siendo cierto que España es un Estado plurinacional, es algo más que un mero sistema político, pues las interrelaciones sociales establecidas históricamente son profundas. Además, los problemas presentes, comunes a todos sus pueblos, favorecen tal dimensión unitaria. Sin embargo, es evidente también que el territorio del Estado-nación se ha quedado ya demasiado estrecho y que la dimensión europea es cada vez más importante.

En suma, ni el Estado-nación ni el nacionalismo de Estado tienen hoy sentido: no sólo su tiempo ha pasado, sino que insistir en ambos proyectos -de hecho indisociables- es políticamente contraproducente. Por todo ello, prescindiendo aquí sobre el sentido de los nacionalismos actuales, quizás valga la pena apostar por otras propuestas teóricas futuribles. Así, por ejemplo, la de un Estado federal y una nación europeos, pero, por supuesto, desde una perspectiva ni decimonónica ni excluyente.

es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de mayo de 1991