Entre juicios

CH. N. Las víctimas del aceite de colza viven entre dos juicios. El primero, contra los industriales -ya celebrado-, provocó ira y desaliento entre los afectados por el envenenamiento.

El segundo juicio, contra miebros de la Administración, puede comenzar este año. De él depende el pago de fuertes indemnizaciones. Están encausados cinco representantes de la Administración Central que entonces tenían a su cargo direcciones generales o puestos inferiores- y cuatro de distintas administraciones locales.

Los afectados del síndrome son pesimistas. Temen que no haya sanción suficiente para los responsables (le aquel envenenamiento. En cualquier caso, nada les devolverá la salud ni los años perdidos.

A través de, sus abogados, han recurrido la sentencia del juicio contra los industriales responsables del aceite desnaturalizado, emitida en mayo de 1989 después de quince meses de vista oral. Los defensores de los procesados también han recurrido ante el Tribunal Supremo.

Sólo dos de los 37 juzgados en la madrileña Casa de Campo -Juan Miguel Bengoechea y Ramón Ferrero-tuvieron que ingresar en prisión tras la vísta. Una decena de ellos -Jorge Pich, Elías Ferrero, Cándido Hernández, Enric Salomó, Ramón Alabart, Agustín y Tomás Baviera, Florencio Fe¡joó, Juan Antonio Pastor Ruiz, Adela Jaureta y Ramón Navarro- fueron condenados, pero no ingresaron en prisión por haber cuplido la pena impuesta con el tiempo pasado en prisión preventiva. El resto de los procesados fueron absueltos.

Tampoco han llegado las indemnizaciones por la presunta responsabilidad subsidiaria de la Administración. "Este segundo juicio podría ser inmediato. Está pendiente de que la sala señale la fecha", afirma Francisca Sauquillo, abogada de 3.000 afectados. En todo este tiempo, los afectados han recibido indemnizaciones por los fallecimientos: cuatro millones de pesetas cuando la víctima era el cabeza de familia y tres millones por los demás miembros.

Indemnizaciones y ayudas

Durante la década transcurrida, la Administración ha ido arbitrando varios tipos de ayudas, desde el complemento económico en caso de que los ingresos sean escasos hasta medidas tendentes a la reinserción laboral o escolar. Sin embargo. Las asociaciones critican, por inadecuado, el sistema de prestaciones que reciben. "Se está haciendo todo lo que se puede. La cobertura es suficiente. Buscamos favorecer la reinserción laboral, escolar y sociocomunitaria", responde el director de la Oficina de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, Carlos García Cano.