Profesionales y sindicatos quieren controlar el uso de los datos informatizados

Varias asociaciones y entidades profesionales han creado la Comisión de Libertades e Informática (CLI), que tendrá como objetivo prioritario ejercer un control sobre el uso masivo por parte de las administraciones públicas y las empresas de los bancos de datos personales y de los sistemas de gestión informatizados. Esta comisión no gubernamental tratará de influir en la futura legislación española -existe un mandato constitucional en este sentido que todavía no se ha desarrollado acerca de la protección de las personas respecto al uso abusivo de los datos informatizados.

Las entidades que han creado esta comisión pertenecen a sectores profesionales y sindicales entre los que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE); Asociación de Técnicos en Informática (ATI), Jueces para la Democracia; CCOO; UGT; Asociación Catalana de Periodismo Científico (ACPC); la Asociación Española de Informática y Automática (AEIA); la Asociación Española de Usuarios de Tecnologías de la Información (AESUTI) y la Asociación Española de Empresas de Software (A-SOFT).El punto de partida de esta comisión es el convencimiento de que "el uso masivo de las tecnologías de la información introduce nuevas distorsiones en las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos y privados. Por ello se hace necesarlo corregir esas distorsiones si se quiere mantener un mínimo equilibrio institucional y social que permita un efectivo ejercicio de la libertad individual y una mejor protección de los ciudadanos frente al peso acumulado por los poderes".

"En España", señalan los promotores, la pesar del mandato constitucional, nos hemos permitido permanecer 12 años sin dar respuesta legal a las exigencias del artículo 18.4 de la Constitución, y no podemos continuar más tiempo sin solucionar los problemas que plantean las nuevas tecnologías y sin desarrollar normativamentre su control jurídico". En la actualidad distintos organismos de la Administración están estudiando al menos tres borradores de ley orgánica de protección de datos. En uno de ellosse contempla la creación de un comisario protector contra el abuso informático.Según Antonio Farriols, de UGT, el objetivo básico de la comisión CLI, que será presentada oficialmente en mayo, es ejercer un control sobre el uso de las nuevas tecnologías en lo que afecta a la privacidad de las personas. "El plan de acción trazado para este año consiste en establecer mecanismos de cooperación con los grupos parlamentarios, con el propósito fundamental de influir sobre la futura legislación. También se mantendrán contactos con la oficina del Defensor del Pueblo y con organismos similares en las comunidades autónomas y, por supuesto, con los organismos y asociaciones europeas.

Datos del censo

Ramón Sáez, de la Asociación Jueces para la Democracia, ha señalado que en determinados casos los ciudadanos españoles están desprotegidos ante el uso de sus datos personales, médicos y bancarios. "Por ejerriplo", señala, "estos días los ciudadanos están rellenando los impresos del censo de población; pues bien, la ley de la Función Estadística de 1989 no garantiza que haya un control de las actividades de esta función y todos sabemos que la Administración tiene poderosos medios informáticos"."Por otra parte", añade Sáez, "hay empresas privadas que acceden a archivos judiciales, a listas negras sobre morosos de bancos privados. Ante esto los jueces no tenemos ningún mecanismo de control. Sólo está protegido por la víade los hechos el secreto bancario. Además hay que defenderse de la inercia funcional del Estado que tiende a conocer y usar cada vez más datos de los ciudadanos".

Luis Otero, de la Asociación Pro Derechos Humanos, explica que el derecho a la intimidad frente al uso de la informática es un derecho humano que está amenazado. "Así lo hemos entendido desde siempre en esta asociacion y por ello presentamos hace algunos años un texto de anteproyecto de ley de protección de datos que entregamos a los grupos parlamentarios. Seguiremos luchando por la protección de este derecho".Jullán Marcelo, de la Asociación de Técnicos de Informática (ATI), rnanifiesta que España firmó, en 1982, el convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. "Este convenio entró en vigor en España en 1985, por lo que forma parte de hecho de la legislación española. Además el acuerdo exigia que se hiciera una legislación española al respecto. En 1984 hubo un intento de hacer una ley orgánica sobre la privacidad de datos, pero los representantes de Interior y Hacienda paralizaron el anteproyecto.