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La Comunidad podrá cerrar empresas y poner multas de 50 millones por daños ecológicos

Javier Casqueiro

La Comunidad de Madrid tendrá potestad para cerrar empresas que cometan infracciones medioambientales muy graves y podrá imponer multas de hasta 50 millones de pesetas con la Ley de Protección Ambiental, aprobada ayer por la Asamblea autónoma, en una jornada marcada por las protestas contra atentados ecológicos. Aedenat denunció ante la CE un proyecto de urbanización junto a los acantilados de Rivas; un concejal de este Ayuntamiento se lamentó de que su municipio sea considerado el basurero de la capital, y en Arganda se localizó un nuevo vertido incontrolado de restos animales.

Ley de Medidas de Protección Ambiental. Esta norma, consensuada políticamente, recibió luz verde ayer, en el transcurso del último pleno de la Asamblea en la actual legislatura, por unanimidad de los parlamentarios regionales.La novedad más resaltable de la ley se encuentra en el apartado punitivo, que fija las sanciones y las responsabilidades. En la parte superior de la escala se encuentran las penas por infracciones muy graves, que se dividen en tres grados: multas de hasta 50 millones de pesetas, cierre temporal del establecimiento o suspensión de la actividad y clausura definitiva.

Para las infracciones graves se contemplan multas de hasta 10 millones de pesetas y el cierre del establecimiento o suspensión de la actividad por un plazo no superior a dos años. En las leves, la multa económica puede llegar al millón de pesetas y el cierre del local o la paralización de la actividad (total o parcial) no podrá superar los seis meses. En ningún caso la cuantía de la multa será inferior al lucro obtenido al cometer la infracción.

Los redactores de la Ley de Protección Ambiental hacen hincapié en sus innovadores aspectos preventivos. Desde el momento en que esta normativa entre en vigor, toda empresa que pretenda instalarse en Madrid tendrá que contar con una declaración de impacto ambiental elaborada con anterioridad a su puesta en funcionamiento.

La nueva norma prevé la figura de las zonas ecológicas sensibles y tipifica las funciones de los agentes forestales.

Vertidos en Arganda. Precisamente un nuevo daño ecológico fue localizado el miércoles por responsables del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en este caso un vertido incontrolado en el límite con el municipio de Rivas-Vaciamadrid. La fuga contenía sangre y restos animales del matadero que la empresa Campocarne tiene en el puente de Arganda, junto al río Jarama. El Ayuntamiento ha presentado una denuncia en la Agencia del Medio Ambiente (AMA).

Vertederos de la capital. Pablo Font, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Rivas, ha declarado estar harto "de que todas las instalaciones en contra de los valores naturales las ubiquen en la zona este de Madrid y no en las zonas del norte, gobernadas por el PP", según informa Isabel Fernández. El edil sale al paso de esta manera a la instalación de una nueva planta de reciclaje de residuos en el límite de Madrid con esta localidad y próxima al vertedero de Valdemingómez.

En la ley aprobada ayer se especifica que en los casos en que exista riesgo grave e inminente para el medio ambiente los ayuntamientos podrán ordenar la suspensión inmediata de la actividad nociva.

Urbanización de Rivas. La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) ha denunciado ante la Comisión de Comunidades Europeas la revisión, del Plan General de Rivas por considerar que incumple el derecho comunitario. Aedenat hace referencia en concreto a la directiva europea sobre conservación de aves silvestres y al efecto que una 'urbanización. de 9.000 viviendas prevista cerca de los cantiles rocosos de Rivas, a escasos metros del futuro Parque Regional del Sureste, puede generar sobre varias especies de aves que nidifican en la zona. El Ayuntamiento precisa, sin embargo, que las colonias de aves están alejadas de la zona recalificada.

Reserva de Aranjuez. El Gobierno autónomo ha declarado reserva natural El Carrizal de Villamejor, en Aranjuez, según publicaba el miércoles el Boletín Oficial de la Comunidad. Este espacio natural ha sufrido sucesivas degradaciones por parte de su propietario a pesar de las sanciones de la AMA

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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