El ginecólogo Sáenz de Santamaría considera un "timo" ser indultado

El ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, condenado a cuatro años de prisión por practicar un aborto en 1984, considera un "tirno" la concesión de un indulto por parte del Gobierno, ya que no se siente culpable de ningún delito. La ahogada Cristina Almeida solicitó ayer formalmente esta medida de gracia al ministro de Justicia en nombre de las distintas organizaciones que forman la Coordinadora Cívica por el Derecho al Aborto.

Saénz de Santamaría dijo ayer en una conferencia de prensa celebrada en Madrid que tendría que pensar si acepta o no el posible indulto al que ya se mostró favorable esta semana la ministra de Asuntos Socíales, Matilde Fernández. De momento no tiene intención de presentarse en el juzgado, a menos que se le obligue mediante una orden de busca y captura. "La meta de los jueces y fiscales no es meterme a mí en la cárcel, sino cerrar mis clínicas, ya que simbolizan una lucha de muchos anos por el derecho al aborto", manifestó.Cristina Almeida, abogada y diputada de Izquierda Unida, explicó que la petición de indulto le parece "un mal necesario para recuperar la justicía en este caso", pero aclaró que el verdadero objetivo de la coordinadora es conseguir un marco jurídico "que impida que nadie vaya a la cárcel". Marisa Castro, directora de la clínica Dator Médica, afirmó que desde la despenalización parcial de la interrupción del embarazo en 1985 se han contabilizado más de un centenar de causas por delitos de abortos. De los 49 juicios celebrados, la mitad resultaron con sentencias condenatorias y actualmente se encuentran abiertos 53 sumarlos en toda España.

El ginecólogo se mostró partidario de la promulgación de una ley de plazos que permita el aborto libre hasta las 14 semanas de embarazo y, posteriormente, bajo prescrípción facultativa. Las representantes de la coordinadora insistieron, no obstante, en la necesidad de garantizar la interrupción del embarazo "como una prestación normalizada en la red sanitaria pública", ya que, en su opinión, los últimos procesos contra médicos acusados de aborto están retrayendo a los profesionales sanitarios.