El alcalde de Belmonte, condenado a ocho años de inhabilitación y dos meses de arresto

José Luis Campo Morate, alcalde independiente de la localidad de Belmonte de Tajo, será condenado a un año de suspensión de cargo público, siete años de inhabilitación especial y dos meses de arresto mayor por los delitos de arrogación de atribuciones judiciales, prevaricación y coacciones, según han adelantado fuentes de la Audiencia Provincial. La sentencia, que será hecha pública mañana, recoge las tesis del ministerio fiscal y desestima muchas de las imputaciones de la acusación privada. El abogado defensor ha anunciado su intención de recurrir en caso de que se confirme la condena de su cliente.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid hará pública mañana, viernes, la sentencia que condena al regidor de Belmonte de Tajo a un total de ocho años de inhabilitación para poder ocupar cargo público, según han adelantado las fuentes informantes. La resolución del tribunal presidido por el magistrado Juan José López Ortega parece que no ha apreciado muchas de las acusaciones vertidas contra el alcalde por 99 vecinos del pueblo, constituidos en acusación particular.

Según las primeras conclusiones de la abogada Lis Santos Rodríguez, encargada de representar a los vecinos, Campo Morate incurrió en 125 hechos delictivos tan diversos como prevaricación, exacciones ilegales y coacciones Pero la letrada retiró después los cargos de allanamiento de morada la falsedad en documento público, daños, calumnias, injurias y, amenazas que había apreciado en sus escritos provisionales. Por ello, pidió para el procesado una pena de 35 años de prisión y 24 de inhabilitación para ejercer cargo público.

Rosario de acusaciones

Los vecinos imputaban a su regidor antiguo taxista y hoy dedicado por entero al Ayuntamiento- un rosario de 125 afrentas de lo más varipionto, que abarcaban desde las 30 sanciones impuestas a Rosa Pérez Nieto por tender la ropa en la plaza principal del pueblo hasta multar a un grupo de niños por jugar a la pelota, pasando por reiteradas sanciones de tráfico y el derribo d un puente por estimar que estaba construido sin la oportuna licencia.Según las fuentes informantes, la previsible sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado que Campo Morate debe ser absuelto de las acusaciones de exacciones municipales ilegales, de falsedad de documento público y de la mayoría de la imputaciones de coacciones.

El tribunal tan sólo ha apreciado la existencia de dos delitos de coacciones, probablemente las referidas al derribo de unas construcciones, por lo que impone al alcalde belmonteño una pena de dos meses de arresto y 60.000 pesetas de multa.

El alcalde de Belmonte no podría presentarse en el próximo mes de mayo a la reelección como es su firme propósito, si decidiera aceptar la sentencia y no recurrirla. Pero su abogado, José Manuel Toledo Gregorio anunció anoche a EL PAN su intención de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que implica que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid quedará congelada hasta que se pronuncie el alto tribunal.

Regidor sin instrucción

Toledo Gregorio declaró ayer a este periódico que le parece "muy dura" la sentencia dictada contra su cliente, en caso de confirmarse las informaciones que se poseen hasta el momento. "Me extraña que se condene al alcalde por arrogación de atribuciones judiciales, cuando en el juicio quedó claro que nunca ha querido ser ni actuar como juez", agregó.El letrado, como ya comentó en las sesiones del Juicio oral, reiteró su opinión de que "no se puede juzgar a un alcalde de pueblo, que no tiene instrucción ni conocimientos jurídicos, igual que si fuera el alcalde de Madrid, que cuenta con un equipo jurídico y todo lo demás". Posiblemente se refería a eso mismo el propio edil belmonteño cuando declaró en la primera sesión de juicio: "Me ponían zancadillas [los vecinos] y yo hice cosas de principiante".

Lis Santos Rodríguez, representante de los vecinos, declaró: "Es muy difícil opinar si la sentencia me parece adecuada o no, ya que aún no la conozco y no se los razonamientos del tribunal. Ya me pronunciaré después de que mañana me lean la sentencia".

Santos Rodríguez había. acusado al regidor belmonteño de 33 delitos de amenazas, otros tres de coacciones, uno de prevaricación y otro de falsedad de documento público, además de cobrar al vecindario exacciones Ilegales. Demandó para él un castigo de 35 años de prisión.

La representante del ministerio fiscal, en sus conclusiones definitivas, tipificó los hechos como constitutivos de los delitos de prevaricación, coacciones y arrogación de funciones. Pidió al tribunal que impusiera al acusado tres meses de arresto mayor, siete años de inhabilitación especial y otros dos de suspensión en el cargo,