El PSOE pide al Parlamento vasco la anulación de las 2.503 tragaperras ilegales

El Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) ha dado un giro radical en su actitud ante el escándalo de las máquinas tragaperras en el País Vasco tras su paso a la oposición. Su portavoz en la Cámara autonómica, Ramón Jáuregui, ha presentado una iniciativa parlamentaria para anular las 2.503 licencias de explotación ilegales. Para conseguirlo, deberían revisarse una por una las 16.255 licencias concedidas en la comunidad autónoma.

Jáuregui pide además a la Cámara de Vitoria la apertura de un proceso de depuración de responsabilidades. La iniciativa del portavoz socialista puede crear disensiones entre los tres socios del Gobierno vasco. Los indicios de corrupción puestos de manifiesto hasta el momento en la investigación judicial apuntan al Partido Nacionalista Vasco (PNV) como presunto beneficiario del tráfico ilegal de permisos de explotación.La denuncia pública sobre el escándalo fue realizada en la anterior legislatura por el grupo parlamentario de Eusko Alkartasuna (EA), que, junto a Euskadiko Ezkerra (EE), intentó sin éxito la formación de una comisión investigadora parlamentaria. Ambas formaciones comparten ahora el Gobierno con el PNV. La comisión no salió adelante gracias al respaldo de los votos del PSE a la negativa peneuvista.

El PSE no sólo vetó de hecho la comisión investigadora. Respaldó también ante la opinión pública las confusas y contradictorias explicaciones y el informe oficial presentados ante la Cámara por el anterior titular de Interior, Juan Lasa. El informe negaba cualquier irregularidad, pero no sólo no despejó las dudas, sino que incrementó las sospechas.

La concesión al margen de la ley de 2.503 licencias para la explotación de máquinas tragaperras con premio ha sido confirmada oficialmente por un informe del Tribunal Vasco de Cuentas. Este organismo retrasó a propósito la presentación al Parlamento de sus conclusiones "para no interferir" en las elecciones autonómicas del pasado octubre.

"Descoordinación"

Por su parte, el actual consejero de Interior, el peneuvista Juan María Atutxa, interpreta el informe como la confirmación de que no ha existido corrupción, "sino simplemente descoordinación". El trabajo del Tribunal Vasco de Cuentas, solicitado en el Parlamento por el PNV y el PSE, estaba limitado a la vertiente administrativa de la concesión de licencias ilegales y concluye que las diputaciones forales han dejado de ingresar por el fraude en torno a 200 millones de pesetas por tasas.Un juzgado de Bilbao investiga desde el año pasado, no obstante, las implicaciones penales del asunto y, en particular, a cambio de qué se concedieron a sus beneficiarlos las tragaperras ilegales. La apertura de la investigacion se produjo tras las denuncias y la querella por prevaricación presentadas contra el entonces director del Juego, el peneuvista José Joaquín Portuondo.

Las denuncias fueron presentadas por más de un centenar de ciudadanos, en ejercicio de la acción popular, por dirigentes de un sindicato de la Ertzairitza (policía autonómica) y por representantes de EA. Este partido no ha renunciado al ejercicio de la acusación particular a raíz de la firma del acuerdo de coalición para el Gobierno vasco.

En las diligencias practicadas por el juez se han registrado declaraciones de empresarios de tragaperras que apuntan indicios serios de corrupción. Según una de los testigos, Olga Sáez, Portuondo y un alto responsable de la Hacienda de Vizcaya, Iñaki Goiri, ofrecían licencias de tragaperras al margen de los requisitos legales y pedían a cambio cantidades en torno a medio millón de pesetas por unidad con destino a las arcas del PNV.