La solidaridad de ocho para cuatro

El pasado 4 de marzo España presentó en Bruselas una propuesta que ha provocado en la mayoría de sus socios comunitarios el acto reflejo de proteger a cartera. Se trata de crear un fondo de solidaridad interestatal en la CE similar al que existen un Estado federal. Los beneficiarios serían España, Portugal, Irlanda y Grecia, cuya renta es inferior a la media.Para mayor sorpresa, la destinataria del documento es la diferencia intergubernamental sobre unión política, aunque el objetivo es paliar los efectos de a unión económica y monetaria. Además de la solidaridad en base al principio de cohesión regional, el objetivo es compensar los perjuicios en la recaudación fiscal de algunos países que provocará el cambio de los flujos económicos agudizados por la moneda única y paliar los desequilibrios mayores que sufrirán las zonas más deprimidas.

El proyecto de unión monetaria contempla un fondo especial para el caso de sobresaltos monetarios, que no despierta demasiadas simpatías. España añade a ese recurso financiero y a las ayudas regionales existentes "sistemas de compensación que amortiguen las disparidades económicas entre lo Estados miembros de la Unión". El termómetro de la construcción europea baja siempre que alguien pide dinero, aunque nadie puede discutir que el actual sistema de reparto discrimina a España.

La propuesta española defiende un principio federal que está muy lejos del mínimo común denominador que están dispuestos a asumir los Doce. En realidad el proyecto fue concertado por Economía y Exteriores, pero "se eligió presentarlo en unión política para que nadie pueda catalogarnos como aspirantes voluntarios al pelotón de los retrasados en el royecto de moneda única", admite el portavoz de un ministro.

Aspiraciones

La propuesta española es impecable si los Doce pretendieran ir hasta el final sin importarle el coste de la reforma, pero imposible según el estado actual de presupuestos y ánimos. "Nosotros tenemos que aspirar a lo que tenemos derecho y, sí no todo, algo sacaremos", afirma Carlos Westendorp, nuevo secretario de Estado para las Relaciones con la CE.

Del efecto y las posibilidades de la petición española es buena muestra de la opinión del presidente Delors, el pasado día 12, en Bruselas: "si piden cheques es a cambio de un acuerdo político, se producirá el fracaso".

La posición española no es el único escollo para elevar el listón de la unión monetaria. Ale mania exige una igualdad previa de las condiciones económicas casi absoluta. Irlanda propone ideas parecidas a España. Bélgica también ha elegido la unión política para una política industrial común, lo cual exten dería las competencias de la CE más lejos de lo que otros países, como España y Francia, quie ren aceptar.

El mismo problema, por el coste que representa, se le plantea a España con una política del medio ambiente decidida por mayoría, lo cual significaría aceptar baremos impagables. El campo de maniobra es un plazo mínimo de adaptación de 10 años. Alemania plantea intro ducir en el Tratado de la CE la primacía absoluta de la propiedad pública, lo cual hace estre mecer al Gobierno francés tan celoso de su sector público.

El contrapunto de esa subasta de complementos para el traje de la unión política y monetaria lo constituyen el Reino Unido y Holanda. Los dos países son cada vez más remisos a dar nuevos pasos. El Gobierno holandés, hasta hace poco firme partidario de la integración europea, ha exigido una reunión especial de los Doce para replantear el fondo y el contenido de la unión política. El británico no acepta la unión monetaria y concibe la política como una simple cooperación concertada.