España no alcanzará hasta 1995 los niveles de protección social de la CE

Los gastos de protección social en España no alcanzarán los niveles de la Comunidad Europea al menos hasta 1995, según las estimaciones de los responsables de la Seguridad Social. En estos momentos se destina a las prestaciones de enfermedad, vejez, empleo y protección familiar 9,3 billones de pesetas, lo que supone en torno al 18,5% del producto interior bruto (PIB), frente al 25% que es la tasa media que la CE alcanzó en 1980 y aún mantiene para los años noventa.Los datos facilitados por el secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, indican que en los últimos 10 años la cobertura de la. protección social ha pasado del 15,8% del PIB en 1980 al 18,5% en 1990. Las previsiones oficiales para 1992 es que entonces se alcanzará el 21% del PIB y la estimación no oficial es que el 25% del que disfruta la CE es un objetivo que no se logrará en España hasta varios años después de la unión económica y monetaria de 1993.

En ninguna de las partidas de protección social, salvo en el desempleo, la situación es equiparable ya que la CE destina un 6,1% del PIB a gastos de enfermedad -gastos sanitarios, incapacidad laboral transitoria e inválidos menos de 65 años-, el 8,6% a vejez, el 1,8% a empleo y el 9,1% a protección familiar. La distribución en España prevista para el año 1992 es la siguiente: el 5,1% del PIB se destinará a gastos de enfermedad, el 6,8% a la vejez, el 2,7% a empleo y el 5,4% a protección familiar.

Para intentar alcanzar los niveles comunitarios los gastos que van a tener un crecimiento más fuerte son los servicios sociales para la cuarta edad -personas mayores de 80 años-, la atención geriátrica, la creación de hospitales de larga estancia y los complementos de mínimos de pensiones.

Las cifras hechas públicas por Adolfo Jiménez ponen de manifiesto que España está también por debajo de la media comunitaria en la aportación de las cotizaciones empresariales a protección social -el 9,8% frente al 11,8%-. Esta información fue rebatida por el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, en el desarrollo del Seminario europeo sobre convergencia de políticas sociales que la CE ha organización en Granada.

Jiménez Aguilar afirmó que la financiación de la protección social recae fundamentalmente en las empresas, lo que incide negativamente en la creación de empleo y la pérdida de competitividad. Por lo que reclama que paulatinamente esos costes se vayan financiando más vía impuestos y se reduzca la aportación a través de las cuotas empresariales.