El defensor de los agentes de Parla acusados de torturas afirma que no hay pruebas

Madrid - 14 mar 1991 - 00:00CET

El fiscal pidió esta tarde cuatro meses de arresto mayor y ocho años de inhabilitación para cada uno de los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía juzgados en la Audiencia de Madrid por torturas y detención ilegal de un joven en Parla en 1985. Fernando Carpena, abogado defensor, pidió la absolución de sus patrocinados al entender que no hay pruebas de cargo para probar las torturas ni la detención ilegal de Manuel Rafael Gómez.

La fiscal explicó que los acusados, José García González y Manuel García Mancha Arévalo, detuvieron y trasladaron a comisaría a Manuel Rafael Gómez durante una investigación para esclarecer la muerte de un agente del Cuerpo Nacional de Policía ocurrida en Parla el día anterior, el 25 de abril de 1985.La fiscal relató que Manuel Rafael fue sometido "a fuertes presiones psíquicas, le golpearon y maltrataron causándole lesiones que afectaron al bazo" y añadió que padecía una enfermedad de bazo de la que murió en 1988.

Operación de caza

Jaime Sanz de Bremond, abogado de la familia de la víctima, pidió para cada acusado cinco años de prisión menor, 18 de inhabilitación especial y tres de suspensión de cargos públicos por torturas, detención ilegal y privación del ejercicio de derechos cívicos, y una indemnización de 1.480.000 de pesetas.Sanz de Bremond indicó que Manuel Rafael no fue llevado a comisaría para su identificación, sino durante la investigación en la que "se inició la caza en Parla de un tal Chiqui y en la que fueron detenidas numerosas personas, una de ellas, Manuel Rafael". Añadió que éste fue detenido dos veces el mismo día por funcionarios de paisano y trasladado a comisaría para preguntarle por la posible relación de Chiqui con la muerte del policía. Destacó asimismo que la rotura de bazo se produjo "a raíz de los golpes que le propinaron los acusados".

Fernando Salas, abogado de la acción popular ejercida por la Asociación contra la Tortura, pidió la misma pena por los mismos delitos.

El abogado del Estado se adhirió a la defensa en cuanto. a la absolución y rechazó la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración.

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