Un 42% de los españoles cree que Serra será mejor vicepresidente que Guerra

Un 42% de los españoles opina que Narcís Serra será mejor vicepresidente del Gobierno que su predecesor, Alfonso Guerra, según una encuesta de Demoscopia para EL PAÍS. Sólo un 12% piensa, por contra, que lo hará peor, y un 26%, que lo hará igual. Esta distribución de opiniones -que sin duda implica también un fuerte análisis crítico de la actuación de Guerra- es sustancialmente homogénea entre todos los grupos de votantes: incluso entre los propios votantes del PSOE son cuatro veces más numerosos quienes piensan que Serra lo hará mejor como vicepresidente que Guerra que quienes opinan lo contrario (un 37% frente a un 10%).El nuevo Gobierno obtiene en la opinión pública una acogida similar a la que recibió en su día el Ejecutivo hoy cesante: similares dosis de escepticismo ante las mejoras que pueda aportar, similares deseos de cambios de orientación en su acción.

Sólo para uno de cada seis españoles, el cambio de Gobierno era muy urgente. Para la mayoría (un 44%) era bastante necesario, mientras que un 20% considera que no hacía falta hacerlo. No hay apenas diferencias significativas en esta opinión según la orientación ideológica de los entrevistados.

El grado de escepticismo ante las mejoras que pueda suponer este quinto Gobierno socialista es similar al que acogió en su día al cuarto Gobierno: uno de cada dos españoles (prácticamente el mismo porcentaje que hace casi tres años) piensa que este Gobierno lo hará igual (un 44%) o peor (un 5%) que el anterior. Sólo un 27% piensa, en cambio, que lo hará mejor.

Ahora, como cuando fue nombrado el Gobierno anterior, existe un deseo generalizado entre la población de que se produzcan cambios en la orientación del Ejecutivo. Estas expectativas de variación son llamativamente paralelas a las de 1988, con la única excepción de la educación, única área donde ahora son netamente menos (concretamente, la mitad) los que desean cambios. Aumenta, por otro lado, apreciablemente la proporción de ciudadanos que desearían cambios en todas las áreas de la gestión pública (un 38%, frente a un 26% en 1988).