Suspendida por una amenaza de bomba la declaración de un socio de Juan Guerra

Una amenaza de bomba en los edificios judiciales de Sevilla, que resultó posteriormente ser falsa, obligó a suspender ayer la declaración de José Garrido López, presunto testaferro de Juan Guerra en la sociedad Construcción Modular Andaluza SA (Comasa).Garrido comparecía como acusado de un delito contra la Hacienda Pública, tipificado en el artículo 350 del Código Penal. Ante la orden de desalojo de las citadas dependencias, que fueron revisadas durante una hora por el grupo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil, el juez Ángel Márquez decidió aplazar hasta hoy la comparecencia de Garrido.

La imputación a Garrido López se basa en las pruebas que constan en las diligencias del denominado caso Juan Guerra, según las cuales éste pudo falsear las condiciones requeridas para que la Junta de Andalucía tramitase ante el Gobierno central la petición de una subvención a la citada empresa Comasa, para la construcción de un hotel. La citada subvención, consistente en 145 millones de pesetas y ayudas fiscales, fue concedida por el Consejo de Ministros en su reunión del 1 de agosto de 1986. No obstante, Comasa nunca llegó a percibirla al no cumplir los requisitos de inversión (727.254.000 pesetas) y la creación de 80 puestos de trabajo fijos y 20 eventuales.

Puerto Zahara

José Garrido López, que es también consejero delegado de la sociedad Puerto Zahara SA -empresa que proyectaba un complejo turístico en Barbate (Cádiz)-, está acusado por el fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, como inductor, junto a Juan Guerra, al cohecho del entonces alcalde de Barbate, Serafín Núñez. En esta querella el autor del proyecto urbanístico Puerto de la Plata, Jesús López López, aparece como perjudicado y no como querellado, en contra de lo que se públicó en la edición de ayer (Ver página 15 de EL PAÍS de ayer).Las pruebas que tiene el juez Márquez vinculan también a Juan Guerra en el presunto delito de defraudación a la Hacienda Pública cometido por Comasa. Según la declaración ante el juez de Jerónimo Garrote Noges, Juan Guerra le pagó con acciones de la sociedad Gruposur SA un estudio de viabilidad sobre el proyecto de hotel de Comasa que él realizó. Garrote explicó al juez las relaciones que mantenían sobre Comasa José Garrido López, Juan Guerra y Francisco López Martín, primo del primero e imputado de un delito fiscal por el que el juez le impuso una fianza de 200 millones de pesetas y decretó su libertad provisional.

Asimismo Garrote señaló. según consta en su declaración que José Bellamy Pozo y el panameño Abel Caballero -ambos relacionados con Juan Guerra-, le visitaron el pasado mes de junio en su domicilio para requerirle toda la documentación sobre las sociedades Comasa y Gruposur, que les entregó.