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Gil-Robles acusa al fiscal de Cádiz de bloquear la investigación sobre policías corruptos en Algeciras

El Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, ha informado al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, de la "grave inacción" del fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Jaime Ollero Gómez, en la investigación de una denuncia sobre corrupción de policías de Algeciras, que se quedaban con droga y dinero de detenidos. Esta denuncia, presentada en octubre de 1988, fue remitida en diciembre de ese año al fiscal jefe de Cádiz, pero Ollero abrió diligencias averiguatorias en junio de 1990, veinte meses después. Para entonces, varios denunciantes ya no estaban localizables. El fiscal general del Estado instó al menos cinco veces durante ese periodo a Ollero para que investigara el caso Algeciras, por el que fueron detenidos diez policías el pasado verano.

Torres indicó ayer a este diario que pedirá a Ollero que le explique urgentemente este "anómalo retraso". En función de su respuesta, añadieron fuentes de la Fiscalía General, se estudiará si procede abrirle expediente.El 28 de septiembre de 1988 Abdelatif Bucheri Larbi y otras nueve personas recluidas en la prisión de Algeciras denunciaron al Defensor del Pueblo que agentes de la comisaría de esa localidad robaban droga y dinero a detenidos. El 22 de noviembre de 1988, el Defensor del Pueblo remitía la denuncia al fiscal general del Estado, quien el 2 de diciembre del mismo año la trasladaba al fiscal jefe de Cádiz. El 29 de diciembre de 1989, la Fiscalía General informaba a Gil-Robles de que aún esperaba el informe solicitado a la fiscalía de Cádiz y que había reiterado a Ollero que investigara el asunto. Ollero escribía el 31 de mayo de 1990 al fiscal general del Estado que no había recibido aún la denuncia y que ya lo señaló en un fax el 19 de diciembre de 1989. En la Fiscalía General del Estado, según un escrito de ocho de junio de 1990, "no existe constancia de haberse recibido el telefax". Torres reenvió la denuncia a Ollero.

El pasado 15 de junio, el fiscal de Cádiz informó a la Fiscalía General que por primera vez había tenido conocimiento de la denuncia. Eso chocaba con el escrito de la Fiscalía General del Estado de 14 de mayo de 1990 dirigido a Ollero: "Nuevamente me veo en el penoso trance de tener que recordarle que no habiéndose recibido contestación a los escritos de esta Fiscalía General de fechas de 2 de diciembre de 1988, 30 de junio y 16 de diciembre de 1989 y 6 de marzo de 1990, sobre presuntas prácticas policiales ilegales, al que se refiere la queja de Abdelatif Bucheri Larbi, ruego curse instrucciones para su cumplimiento".

Testigos ilocalizables

Cuando, en junio pasado, Ollero solicitó que se practicaran diligencias en la prisión de Algeciras, algunos denunciantes ya no estaban en ella por haber sido liberados o trasladados a otros centros. Sobre los ausentes, que no pudieron ser interrogados, Ollero adjuntó "una larga relación de antecedentes que nada aporta", según denuncia Gil-Robles.Uno de los denunciantes que sí pudieron ser interrogados ratificó que les quitaron el dinero en la comisaría de Algeciras; otro rehusó declarar porque esperaba en breve la libertad condicional, pero admitió que se le sustrajo droga y un tercero dijo estar amenazado por agentes y, según Ollero, no añadió más.

El fiscal jefe de Cádiz concluye en el informe remitido el pasado junio a Torres que el testimonio de los declarantes "guarda íntima conexión con los hechos investigados por el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Algeciras, Manuel Gutiérrez Luna, en las diligencias previas número 752/90, donde aparecían implicados los inspectores de policía Francisco Barreto Romaní, Francisco Manuel Guerrero Ferreiro, Javier López Alcaraz [los tres del servicio de estupefacientes] y los funcionarios de la escala básica Juan Romero Aranda, Joaquín Arana Marín y Manuel Gómez Suárez", Estos seis agentes, más otros cuatro, fueron detenidos entre junio y julio de 1990 por orden del citado juez.

Del informe de Ollero, según la denuncia de Gil-Robles, no se desprende que aquél continúe con la práctica de diligencias sobre lo declarado por los interrogados, ni que lo haya trasladado al juez del caso Algeciras. El Defensor del Pueblo denuncia ahora ante el fiscal general del Estado que "no han sido aclarados las causas y motivos de una inacción tan grave y durante tanto tiempo del fiscal en el presente caso, ni parece que se siga actuación en el presente".

Gil-Robles pide a Torres que le informe "si considera oportuna la adopción de medidas para impulsar definitivamente el esclarecimiento de las manifestaciones vertidas por los comparecientes ante esta institución en 1988, y las causas por las cuales no se ha practicado actuación alguna por el ministerio fiscal hasta junio de 1990".

El Defensor transmite "su grave preocupación por las graves dilaciones que se han producido en la tramitación de este expediente", ya que las "demoras existentes en el inicio de estas investigaciones puieden suponer un perjuicio de grave trascendencia para su eficacia". "Este interés público en la eficacia de la labor de esclarecimiento de estas denuncias se afirma aún más en aquellos casos en que los hechos delictivos se imputan a funcionarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

EL PAÍS intentó ayer localizar sin éxito a Ollero. Fuentes judiciales de Cádiz manifestaron que este fiscal suele argumentar en su descargo una sobrecarga de trabajo y que "denuncias así se reciben 2.000 cada año". Esas fuentes confirrnan que el fiscal trasladó la denuncia al juzgado número tres de Algeciras el 17 de septiembre de 1990, lo que impidió localizar a testigos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de marzo de 1991

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