Archivado el proceso contra el comisario Ballesteros por el caso del bar Hendayais

El comisario Manuel Ballesteros no cometió delito de desobediencia, de denegación de auxilio a la justicia o prevaricación al negarse a facilitar a los jueces los nombres de tres confidentes, según un auto del juez Luis Tovar, que ha decidido archivar el sumario del caso Hendayais, al considerar que Ballesteros desconocía la identidad de esas personas. Esta decisión ha causado malestar entre los jueces donostiarras y ha sorprendido a muchos de los que siguieron entonces el caso, ya que Ballesteros declaró en varias ocasiones que las tres personas que cruzaron violentamente la frontera y eran sospechosas de la matanza del bar Hendayais eran informadores a su servicio, pero que se acogía al secreto profesional para o revelar su identidad.

El archivo decretado por el juez Tovar no es definitivo, ya que puede ser recurrido por alguna de las partes personadas en el sumario. En ese caso sería la Audiencia Provincial de San Sebastián la que tendría que decidir sobre el archivo definitivo del caso.La historia del caso Hendayais está considerada como uno de los episodios más oscuros en materia antiterrorista en la etapa en que gobernó Adolfo Suárez. Ballesteros ocupaba la jefatura del Mando único de la Lucha Contraterrorista y en la actualidad es el director del Gabinete de Información de la Secretaría de Estado para la Seguridad. La justicia francesa y la española llevaron a cabo investigaciones paralelas debido a que el atentado se cometió en suelo francés y los supuestos autores de éste se introdujeron en territorio español.

Diez años después de haber sucedido los hechos las probabilidades de que la justicia consiga esclarecer lo ,ocurrido son nulas, según las impresiones recabadas en medios jurídicos. Parece poco probable que los jueces lleguen a saber algún día la identidad de los tres confidentes de nacionalidad francesa, contratados indirectamente por el Ministerio del Interior español.

El 23 de noviembre de 1980 tres individuos dispararon indiscriminadamente en el el bar del hotel Hendayais, en Francia, causando tres muertos y nueve heridos. Poco después del atentado, tres personas cruzaron la frontera saltándose los controles de seguridad. Detenidos por fuerzas policiales españolas, horas después fueron puestos en libertad tras realizar los agentes una llamada telefónica al número de Manuel Ballesteros. El comisario se negó en todas las ocasiones en que fue citado a revelar la identidad de "los informadores a su servicio".

Estos informadores tenían como misión efectuar labores de investigación sobre presuntos miembros de ETA que se encontraban residiendo en el suroeste francés. El intermediario entre la policía y el comando de informadores era el ex policía Antonio González Pacheco, Billy el Niño, según declaró ante el juez el comisario Ballesteros. Billy el Niño se encargaba de pagar a sus informadores 500.000 pesetas mensuales que corrían a cargo de los presupuestos del Ministerio de Interior. Este grupo de confidentes formaba parte de una red de informadores extranjeros que la policía española tenía trabajando en la lucha antiterrorista.

La forma en la que actuaron las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) cuando dejaron en libertad a los confidentes policiales tras cruzar la frontera española fue duramente criticada por las autoridades francesas. El incidente provocó momentos de tensión en las relaciones entre los Gobiernos de París y Madrid, por el encubrimiento policial que recibieron los tres ciudadanos franceses que presuntamente cometieron el atentado terrorista en el bar hendayés.

Identidades ocultas

La policía del país vecino solicitó en tantas ocasiones como lo hizo la justicia española la identidad de las tres personas que en la noche del 23 de noviembre de 1980 cruzaron violentamente el paso fronterizo de Santiago. Francia pedía además que esos tres ciudadanos fueran entregados a la justicia francesa para determinar las posibles responsabilidades de éstos en los hechos acaecidos en aquellas fechas.

Las reiteradas negativas de Ballesteros a identificar a los informantes le llevaron a sentarse el 14 de mayo de 1985 en el banquillo de los acusados en una sala de la Audiencia de San Sebastián. El tribunal le condenó a tres años de suspensión por el delito de denegación de auxilio a la Justicia.

Esta condena fue revocada posteriormente por el Tribunal Supremo que absolvió a Ballesteros argumentando que éste actuó "en la creencia errónea de que protegía bienes jurídicos superiores", y no por malicia.

Pero la sentencia del Supremo dejó abierta la posibilidad de que Ballesteros pudiese ser interrogado de nuevo. Reabierto el caso, el juez Tovar volvió a interrogar a Ballesteros en julio de 1990. Ahora ha vuelto a archivar un sumarlo que también se encuentra sobreseído en Francia.