Una guerra dentro de la guerra

La guerra en el golfo Pérsico ha hecho estallar en España la lucha por la paz. Un total de 23.000 nuevos objetores de conciencia, 200 insumisos más al servicio militar y seis desertores desde el comienzo del conflicto parecen indicar que muchos jóvenes españoles se resisten al Ejército. Algo que era hasta hace poco un movimiento minoritario puede acabar convirtiéndose, mediante el efecto Golfo, en una guerra dentro de otra guerra. La reciente presentación ante los jueces militares de 106 insumisos a la mili y de dos desertores ha sido el penúltimo acto de ese rechazo frontal al Ejército y la guerra que terminó con el encarcelamiento de los desertores y la puesta en libertad de todos los insumisos.

La situación judicial de los distintos colectivos antimilitaristas es la siguiente.Desertores. Dos detenidos, tres bajo orden de busca y captura y uno puesto en libertad.

Insumisos a la mili. Dos jóvenes en prisión. (El resto -unos 700- están a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva las dudas de un juez militar de Pamplona sobre si puede juzgar a civiles).

Insumisos a la Prestación Social Sustitutoria (PSS). 148 expedientes en poder del fiscal del Estado; 103 paralizados a la espera de que el Supremo estudie el recurso al reglamento de la PSS; siete condenas no recurridas, que no han sido notificadas después de pasado el plazo.

Inductores. Dos procesados en Zamora, entre ellos un dirigente comunista. Ningún apologista juzgado, y un inductor de insumiso liberado a las 24 horas.

Las cifras de solicitudes de objetores en 1990 se han disparado a casi el 11% del contingente militar, hasta llegar a un total de 62.000 objetores reconocidos. 32.000 de ellos esperan una plaza entre los 10.000 puestos concertados por el Gobierno para el servicio civil de 1991.

Reivindicaciones

La actual Ley Reguladora de la Objeción de Conciencia, aprobada en 1984, no recogió tres de las reivindicaciones funamentales de los objetores: que el objetor tenga que exponer los motivos que le llevan a no hacer la mili; que exista un tribunal que examine la conciencia del objetor, y que la declaración se pueda hacer antes, durante y después de la incorporación a filas.

Se creó un organismo para que tramitase las solicitudes de los objetores, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (CNOC); se estableció la mayor duración de la PSS, y no se incluyó la sobrevenida, "porque eso equivaldría a legitimar la deserción", según el secretario de Estado para la Administración Militar, Gustavo Suárez Pertierra.

El Defensor del Pueblo recogió las reivindicaciones de los objetores y presentó recurso de inconstitucionalidad. La sentencia del alto tribunal, en octubre de 1987, resuelve que la Ley de Objeción es constitucional.

El constitucionalista Diego López Garrido sostiene que "la decisión supuso el cambio más evidente en la historia del Tribunal Constitucional".

"Antes de la sentencia, el consejo había 'hecho cosas importantes. No rechazó ninguna petición, facilitó la situación militar de muchos emigrantes mediante la aplicación flexible, amplia y retroactiva de la ley. A partir de la decisión del tribunal, se produce una involución", recuerda un vocal del Consejo Nacional.

Suárez Pertierra argumenta que el Gobierno socialista siempre ha considerado la objeción como "un problema más dentro del debate sobre las Fuerzas Armadas". Si se considera la objeción como un derecho fundamental "el fin lógico sería la desaparición del Ejército obligatorio y el cambio por uno profesional. Optamos por un Ejército enraizado en la sociedad, en el que haya representación de todos los sectores sociales", añade.

Al mismo tiempo, la estrategia de los colectivos antimili gira hacia la desobediencia civil. Esto es lo que distinguirá las acciones de los objetores desde ese momento.

Hasta este momento, han pre sentado solicitud de objeción de conciencia 79.880 jóvertes españoles. A 31 de enero de este año el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia había reconocido 62.024 objetores. Según el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), "estas cifras suponen ya una seria preocupación para el Gobierno".