El privilegio de las iniciales

Es sabido, aunque de ello se habla poco, que hay gente que paga por salir en los medios de comunicación, Paga, por supuesto, a gabinetes de imagen, consultores de prensa o despachos de influencias que velan por la proyección pública de sus clientes. Son negocios que han florecido en las últimas temporadas al calor de la feria de las vanidades en la que tan imprescindibles somos los periodistas. Existe otra gente que odia salir en los medios de comunicación. Y no me refiero a la gente celosa de su intimidad o que desconfía de la luz y los taquígrafos de los medios de comunicación. Estoy aludiendo al común de los mortales que temen aparecer mencionados, directa o indirectamente, en las noticias de sucesos, tribunales, escándalos o denuncias. En las redacciones existe una fórmula para velar las identidades de las personas que por algún motivo se quiere proteger: publicar sólo las iniciales del implicado. ¿Quién tiene derecho a este privilegio?La pregunta la formuló, el pasado día 13, un lector de Madrid que había leído que el Ayuntamiento había acusado en el juzgado de guardia a un policía municipal por malos tratos a varios ciudadanos. La información daba cuenta con detalle de varios incidentes, recogía los nombres y apellidos de las presuntas víctimas y ocultaba bajo iniciales los apellidos del policía denunciado. Incluso -el concejal Angel Matanzo aparecía mencionado en el antetítulo de la información sin que tuviese relación alguna con los hechos objeto de la denuncia contra el anónimo policía.

El Libro de estilo contempla el tema de las iniciales en el capítulo de los principios como protección para las víctimas y los menores de edad. El artículo 1.7 dice: "En los casos de violación, el nombre de la víctima se omitirá, y solamente podrán utilizarse las iniciales o datos genéricos (edad, profesión, nacionalidad), siempre que no la identifiquen. También se emplearán iniciales cuando los detenidos por la policía o los acusados formalmente de un delito sean menores de edad (18 años)". Su empleo, fuera de estos casos en los que es obligatorio el uso de las iniciales, queda al libre albedrío del redactor o superiores.

Sin embargo, no siempre se respeta la norma de las iniciales. Juan Fernández-Mayoralas Palomeque ha escrito al Ombudsman para quejarse por un artículo que le causó "vergüenza y sonrojo". El título de la información era Vuelven a clase tres árabes expulsados por presuntas agresiones sexuales.

Escribe el lector: "De entrada, creo que ningún periodista que se precie debe referirse en la redacción de una noticia a un grupo de individuos describiéndolos por su mera pertenencia a una comunidad cultural o nacional. Pero es que, además, los "árabes" presuntos agresores sexuales resultaban ser niños de 11, 8 y 6 años, según se desprende de una lectura atenta de la nota. Parece ser que el redactor no consideró significativo este pequeño factor, pues ni una sola vez en todo el artículo se refiere a los presuntos agresores como niños. Son, aparte de "árabes", "tres hermanos marroquíes".

"Por lo demás", dice más adelante el lector en su carta, "el redactor no fue siquiera tan misericordioso como para utilizar iniciales piadosas. El nombre y el apellido de los niños es citado con todas sus letras, en relación con este suceso lamentable. Contrasta esta actitud con el cuidado que se tiene en otras ocasiones en sustituir por las iniciales el nombre de "presuntos" implicados en asuntos "similares" (entrecomillo similares porque, a través de la nota, no he sido capaz de distinguir de qué clase de asunto se trata realmente). Aunque, claro, tratándose de mocosos, y encima árabes, no ha de ser necesario andarse con tantos miramientos. Creo que debe ser realmente muy agradable tener 6, 8 y 11 años y leer el nombre de uno en el periódico en relación con casos de agresiones (sexuales y fisicas)".

Respuesta

Gabriela Cañas, subjefa de la sección de Madrid, en la que apareció noticia, consultada por el Ombudsman, responde al lector.

"En contra de lo que opina este lector, en algunas informaciones, referencia del protagonista o protagonistas de la noticia a su pertenencia a una comunidad cultural o nacional es un dato fundamental. Ésta es una de ellas, ya de, como se desprende de la reacción de las dos noticias relativas al caso -la primera, publicada el 17 de enero, y la segunda, el 1 de enero-, éste podría ser un ¡so de discriminación racial. El padre de los chicos expedientaos', dice textualmente la información del 31 de enero, "cree que (los niños] están siendo víctimas e una clara discrirrllnación".

"Los nombres completos de los niños se publicaron porque éstos fueron aportados por ellos mismos y sus padres, muy interesados en denunciar el caso", añade Gabriela Cañas. "A ellos no les producía ningún 'sonrojo' aparecer en los medios de comunicación, y, de hecho, estuvieron encantados de salir en pantalla por esas mismas fechas en el informativo de Telemadrid, cuya información elaboró también el colaborador de EL PAÍS Luis Esteban, el mismo que firma ambas informaciones en este periódico. 'Recuerdo que se pusieron detrás de mí saludando a la cámara mientras pasaba la crónica', dice Luis Esteban".

El Ombudsman considera que, a veces, las buenas intenciones producen efectos contrarios, como indica la reacción indignada del lector al leer la noticia. La supuesta denuncia de un caso de "discriminación racial" no justifica la identificación de unos niños de corta edad en sucesos tan lamentables, como señala el lector. Ni la información del día 17 ni la del día 31 ofrecen datos suficientes para conocer en qué se basa la supuesta discriminación racial, y sí abunda en la idea de criminalizar a colectivos ya de por sí marginados socialmente. La referencia al origen nacional, étnico o cultural en situaciones indeseables o contextos peyorativos ha sido criticada por colectivos como la Unión Romaní, con amplia experiencia en la lucha contra la discriminación de los gitanos.

El teléfono directo del Ombudsman es el 754 45 53 de Madrid.