La fábrica quemada de Pinto incumplía normas en materia de salud e higiene
La fábrica de muebles Pérez del Río, de Pinto, que quedó destruida por un incendio la pasada semana, cometía irregularidades en materia de salud e higiene desde diciembre de 1989, lo que motivó que la Inspección de Trabajo levantase acta de infracción a la empresa. Tras el incendio, la fábrica, que adeudaba a sus trabajadores minusválidos 11 millones de pesetas, ha cerrado.La inspección réspondía a denuncias presentadas por el sindicato de la construcción de Comisiones Obreras según las cuales Pérez del Río tenía comedores en malas condiciones un vestuario insuficiente y servicios compartidos por uno y otro sexo. Además, las máquinas carecían de homologación y adaptación para minusválldos, y no se entregaban a los empleados ni la ropa de trabajo ni elementos de seguridad, como gafas, guantes o mascarillas.
En el informe emitido por el inspector de Trabajo y Seguridad Social José María Sagardoy Pascual se señala que la empresa también tenía deudas con la Seguridad Social.
La nave, de unos 600 metros cuadrados, quedó devastada en un incendio originado por un cortocircuito, según el informe de la Guardia Civil. Algunos trabajadores sospechan que el siniestro pudo ser provocado para que los propietarios cobraran el seguro.
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