Desalojados 40 ecologistas. que querían recuperar el carrizal de Villamejor

La Guardia Civil procedió ayer a desalojar a los 40 ecologistas que se concentraron en la ribera del carrizal de Villamejor para iniciar los trabajos de recuperación de una de las principales zonas húmedas de la Comunidad de Madrid. Los desalojados, de la Federación de Amigos de la Tierra (FAT) y la Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza (Comaden), denuncian el trato desigual sobre el propietario de la finca, al que acusan de destruir este espacio natural.

Las dotaciones de cuatro coches patrulla de la Guardia Civil desalojaron al mediodía, de ayer a los ecologistas cuando éstos realizaban las primeras tareas de restauración en el carrizal, cercano a Aranjuez, al estimar que estaban realizando una manifestación no autorizada.Los ecologistas desplazados hasta Villamejor habían iniciado alrededor de las once de la mañana una serie de operaciones sobre el carrizal encaminadas a restaurar este espacio natural protegido por la Comunidad de Madrid, que, según ellos, está en proceso de destrucción ilegal por la propiedad de la finca en la que se encuentra enclavado. Estos grupos han solicitado varias veces el cese de las obras, que consideran que han provocado ya una serie de alteraciones ecológicas que "pueden ser irreversibles y muy graves".

Las operaciones emprendidas ayer pretendían hacer llegar agua a unos terrenos normalmente encharcados. Los ecologistas entienden que este carrizal se está secando "por el encauza miento ¡legal del arroyo".

Ante la actuación del instituto armado, los concentrados tuvieron que abandonar obligatoriamente el carrizal, y tras desplegar una serie de pancartas de protesta frente al Ayuntamiento de Aranjuez reclamaron que la ejecución de las tareas de encharcamiento de la zona sean efectuadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo y, la Agencia de Medio Ambiente, "como es su obligación en virtud de la ley de aguas y del decreto de protección de la zona".

Las dos asociaciones entienden que el comportamiento de la Delegación del Gobierno ha sido desigual e injusta. Argumentan, en este sentido, que la reacción de la autoridad gubernamental "ha sido muy rápida y colérica para detener los trabajos de restauración iniciados, y, sin embargo, no ha querido o no ha podido actuar con la misma diligencia contra la propiedad de la finca, que sin autorización procedió primero a quemar el carrizal, después a canalizar el arroyo y por último a poner en cultivo un importantísimo humedal".

Aportar pruebas

También rechazan las declaraciones del propietario de los terrenos, Javier Cremades, en cuanto a que la finalidad social de los cultivos a desarrollar en el humedal. Para ello aportan un anuncio, publicado en octubre por la empresa Rústicas, SA -cuyo presidente es Cremades-, en el que se notifica que tras la celebración de una junta general de accionistas se amplía el objeto social de la empresa a la puesta en riego e industrialización de fincas rústicas, la transformación de éstas en urbanas, las investigaciones mineras, el transporte exterior e interior y las explotaciones turísticas.Tras el desalojo de ayer, la FAT y Comaden van a pedir con mayor urgencia la actuación de los organismos implicados, así como explicaciones a la Delegación del Gobierno sobre su forma de actuar ayer. Las dos organizaciones afirman que "no se han defendido equitativamente los derechos de la propiedad y los de todos los madrileños, que preten que las zonas naturales protegidas se respeten".