A cara de perro

El próximo 30 de enero es el gran día en Renfe. Empresa y sindicatos se van a ver las caras en tres frentes de batalla. Por un lado, un juicio en la Audiencia Nacional sobre los derechos sindicales pactados entre la empresa y los trabajadores en 1986. Por el otro, también están emplazados a un encuentro en los juzgados. En este caso se decidirá cuál es la plantilla legal de Renfe, si 53.000 trabajadores, como dice el comité, o casi 50.000, como defiende la dirección. Y en tercer lugar, se reúne la comisión negociadora para tratar la plataforma reivindicativa de la negociación colectiva en Renfe en 1991.

El primer problema, el de los derechos sindícales pactados, surge tras una compleja maraña de acuerdos, demandas y desacuerdos. Por orden cronológico los hechos se iniciaron en octubre de 1986 cuando la empresa pidió a los sindicatos que acomodasen su organización al nuevo organigrama de gestión por lo que debían reducir el número de comités de empresa de 147 a 51, al reducirse las unidades de gestión de la empresa. Por esta razón, el número de delegados caía a unos 700, de los casi 2.000 existentes.Para paliar estas reducciones, la empresa pactó dar una compensación a los sindicatos aumentando en 80 el número de sindicalistas liberados y dando una cantidad de dinero para desplazamientos y dietas, entre otras medidas. Lo que los sindicatos recibieron a cambio no representaba ni el 30% de lo que perdían sólo en horas sindicales, según Manuel Fernández, secretario general de los ferroviarios de CC 00. "Hicimos un mal negocio", dice.

Pero el acuerdo sólo incluía a los sindicatos que contaban con un 10% de representación en el sector, por lo que la Confederación General de Trabajadores (antigua CNT) recurrió a los tribunales. La Audiencia Nacional, en el otoño de 1989, declara nulos los acuerdos de 1986 y establece en un 5% el porcentaje mínimo de representatividad para tener derecho a beneficios sindicales. Centrales y empresas volvieron a negociar unos acuerdos para no incurrir en "vicios de nulidad", sin llegar a ninguna conclusión. Mientras tanto se siguió aplicando lo pactado en 1986.

El 11 de octubre comienza el proceso electoral en Renfe y, el 26 del mismo mes, la compañía denuncia los acuerdos de 1986. Esto llevo consigo que tampoco reconociera el comité general de empresa resultante de las pasadas elecciones en las que ganó CC OO, ya que surgió en base a los acuerdos de 1986, que la dirección no admite como válidos.

El 30 de octubre, Renfe presentó 17 demandas en los juzgados de lo social de otras tantas provincias basándose en que en ellas se habían elegido más delegados de lo que dice la ley. El proceso de votación se había realizado conforme al pacto del 86 que preve un número mayor de delegados a los que establece el Estatuto de los Trabajadores y la ley de Ordenación Sindical en las provincias en las que la compania tenga más de 1.000 trabajadores. En el caso de la demanda de Asturias, el juez decidió sancionar a Renfe con una multa de 100.000 pesetas por temeridad y engañar al magistrado, y en otras tres provincias se desestimó la demanda.

Un problema de fondo

Ante esto, Renfe decidió "desistir de acciones a nivel provinciaV, según José Luis Adell, director de recursos humanos de Renfe, y el 20 de noviembre presentó conflicto colectivo en la sala de lo social de la Audiencia Nacional "porque el asunto tiene un problema de fondo, los sindicatos se amparan en unos pactos que para nosotros no existen", añade.En contrapartida, el sindicato ferroviario de CC OO de Renfe denuncia a la empresa ante la Audiencia Nacional "en demanda de que sean respetados los derechos sindicales acordados con la representación sindical".

Con todo, una vez que se conozca la sentencia, la dirección de la empresa "se reserva las exigencias de responsabilidades" al juez de Oviedo "que consideró que éramos temerarios por haber provocado un juicio innecesario" , dice Adell, y añade que analizarán el daño provocado por la sentencia de Asturias "a la imagen pública de la empresa" y actuarán en consecuencia.