El Constitucional, una 'revolucion jurídica'

Los 10 años de sentencias del Tribunal Constitucional que se cumplen hoy merecen un juicio generalizadamente positivo para la consolidación de la Carta Magna. El catedrático de Derecho Constitucional de Barcelona Miguel Ángel Aparicio estima que, mediante sus 1.643 sentencias, los magistrados han realizado "una revolución iurídica desde arriba". Este jurista sin embargo, critica la sensibilidad política del alto tribunal. Otro constitucionalista, Diego López Garrido, coincide con este análisis al estimar que los 10 años de jurisprudencia están llenos de "luces y sombras".

Jerónimo Arozamena, primer vicepresidente del alto tribunal y ponente de su primera sentencia, firmada hoy hace 10 años, piensa que "el comienzo temprano de esta institución fue una pieza importante en orden a la consolidación del sistema constitucional, establecido en 1978-. Para Arozamena era "vital la puesta pronta en funcionamiento del Tribunal Constitucional, especialmente para los derechos fundamentales y las competencias autonómicas, porque operábamos sobre un sistema preconstitucional y era preciso", asegura, "que la Constitución se aplicara directamente desde el primer momento".Arozamena no experimentó una emoción especial cuando el 26 de enero de 1981 estampó su firma de ponente sobre aquella primera sentencia, porque como magistrado de profesión, "ya llevaba larga vida al servicio de la justicia y aquello era un paso más, en la instancia constitucional". Recuerda que en julio de 1981 el tribunal abrió la ventanilla, así como que aquella primera sentencia, dictada por la sala segunda que él presidía, concedió el amparo.

Luces y sombras

La Jurisprudencia constitucional construida durante 10 años por el total de 24 juristas que han formado parte del alto tribunal en sus diferentes etapas y que han resuelto unos 14.000 asuntos ha merecido de los expertos consultados por este periódico una opinión juridica muy favorable. López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de Albacete, estima como luces "la interpretación realizada para que las Constitución se aplique directamente".

En cambio, López Garrido considera que existen sombras en "aquellas zonas sensibles en las que la Jurisprudencia roza con la decisión política y el tribunal ha tendido siempre-, dice,-aadoptar posiciones muy conservadoras, por ejemplo en materia de objeción de conciencia y legislación antiterrorista".

Por su parte. Aparicio hace una evaluación jurídica muy Positiva y manifiesta que "los propios magistrados no son conscientes de la labor realizada, que constituye una revolución bismarckiana, desde arriba", explica, "tanto en el ámbito de los derechos fundamentales, como en el del Estado de las autonomías, sobre el que no había acuerdo político de base". En su opinión, al configurar el alto tribunal unos derechos fundamentales "de estructura abierta, la tarea ya está concluída", afirma, "y corresponde ahora a la jurisdicción ordinaria aplicar la doctrina constitucional".

"Demasiado calculadores"

En cambio, Aparicio hace reproches políticos al tribunal y cree que "sería necesaria mayor sensibilidad autonomista y una despreocupación por los costes que reporta a la Hacienda Pública las consecuencias de un Estado social y democrático de derecho, sobre todo en un mundo de gastos bélicos desmesurados". Aparicio acusa a los magistrados de "pacatos y medrosos en orden a los deberes sociales y demasiado caIculadores del coste de los derechos que reconocen".