El Gobierno argentino anuncia nuevas medidas para evitar la corrupción

El ministro de Economía del Gobierno argentino, Antonio González, convertido en la práctica en un primer ministro tras el escándalo por tráfico de influencias que hizo detonar la crisis latente en el Gabinete del presidente Carlos Menem, anunció nuevas medidas para ajustar aún más el plan que ya corrigió y ajustó otras seis veces desde que asumió el cargo, en el mes de diciembre del año 1989.

La más importante de las medidas, como correlato de las decisiones políticas tomadas por el presidente de Argentina Menem, consiste en la disolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y en la cesión del control de las futuras ventas de empresas del Estado a organismos internacionales para "evitar las maniobras de corrupción".El humilde y modesto bombero González dió la cara nuevamente cuando los mercados financieros recogían versiones de todo tipo y sus índices se disparaban. La precaria estabilidad que el plan económico puesto en marcha había conseguido a base de recesión industrial, reducción del consumo y liquidación de bienes y empleados públicos, parecía que no iba a resistir la metástasis de la corrupción que finalmente se reveló cuando el embajador de Estados Unidos en Argentina, Terence Todman, hizo su grave diagnóstico ante el propio presidente.

En conjunto, las nuevas medidas vienen a "cortar hasta el hueso", como dijo Menem, el llamado "cáncer de la corrupción", pero también se proponen un nuevo paso adelante en la búsqueda del mismo objetivo de siempre: recaudar más impuestos o que alguien los pague y reducir gastos.

El Banco Central ha dejado de asistir a los bancos de los estados provinciales que tienen enormes pasivos y emiten "bonos" para pagar salarios o pensiones. Esta medida agrava aún más la situación de provincias, que soportan continuas huelgas y paros de médicos, maestros y otros empleados públicos.

Fuga de divisas

El ministro González aprobó finalmente el blanqueo impositivo de los capitales que se invierten en la producción y legalizó la fuga de divisas con una medida que permite a los exportadores mantener sus beneficios depositados fuera del país hasta que lo consideren conveniente. Por otra parte advirtió que las fuerzas de seguridad del Estado serán autorizadas a participar en la detección, y control de la evasión fiscal, otro gran problema.El Gobierno ha prorrogado la ley de Emergencia Económica y ha dectetado también la "emergencia judicial" para postergar 120 días los juicios contra el Estado hasta que se investiguen los expedientes. En algunos casos el Estado argentino ha pagado fortunas como indemnización por causas que ni quisiera fueron probadas. Entre los acusados se encuentran abogados de las empresas estatales, varios bufetes privados y algunos jueces.

En la aduana de Buenos Aires se revisan también más de 70.000 permisos de importación y exportación considerados "irregulares". Ménem ha debido soportar además la baja de Álvaro Alsogaray, su asesor personal para la deuda externa y líder de la derecha.

Alsogaray hizo causa común con el embajador Todman cuando ya hacía tiempo que no era recibido en el despacho de González.