Control de calidad

LA ACEPTACIÓN por la inmensa mayoría del profesorado universitario de un nuevo régimen de retribuciones que incorpora complementos salariales en función de la calidad y rendimiento de la actividad docente e investigadora puede suponer un precedente importante para el futuro no sólo de la Universidad, sino, en cierto modo, de toda la función pública. A nadie se le oculta, sin embargo, la dificultad de evaluar la actividad del profesorado. No existían precedentes en España, aunque sí en otros países, y, sin duda, pueden haberse producido errores o injusticias, que deben ser subsanados por la vía de los recursos pertinentes. De hecho, de los escasos datos de que se dispone parece deducirse que los comités de evaluación han sido bastante más duros con los profesores titulares que con los catedráticos, lo que evidenciaría un cierto sesgo corporativo.Pero sería muy grave que esta interesante iniciativa se viniera abajo a las primeras de cambio. Los criterios de flexibilidad máxima recomendados por la Administración para la primera evaluación de la actividad docente, encomendada a las propias universidades, determinaron que prácticamente todos los profesores se beneficiaran de los correspondientes complementos. No hubo entonces protestas. Éstas se producen cuando la evaluación de la actividad investigadora, encomendada a instancias externas a las universidades, da como resultado un porcentaje de profesores con resultados negativos, que se sitúa alrededor del 30% de los que se sometieron voluntariamente a ella y del 50% del total de los complementos salariales solicitados.

Lo menos que cabe decir (cuando no se conocen los casos particulares, porque el carácter confidencial de los informes no permite otra cosa) es que resulta sorprendente que un aprobado general no suscite protestas, y sí las provoque el que haya suspensos. Las acusaciones de amiguismo y hasta de politización contra los comités encargados de la evaluación son muy graves, pueden ser tan injustas como la supuesta injusticia que se denuncia, y además deben demostrarse. Aparte de que no se comprende muy bien la resistencia de ciertos sectores de la docencia universitaria a aceptar los resultados de una evaluación sobre su trabajo cuando una parte de ese mismo trabajo consiste, precisamente, en evaluar a sus alumnos. La sociedad pone en sus manos una potestad de la que depende nada menos que el futuro de cientos de miles de jóvenes, y apenas nadie se permite cuestionar tal potestad. De ahí que resulte chocante el empeño de algunos en descalificar la capacidad de la comunidad universitaria y científica para evaluar justamente.

La Administración se propone publicar los resultados globales de la evaluación de la actividad investigadora (los de la actividad docente carecen de interés, porque el aprobado general no permite matices), con lo que la opinión pública en general y los usuarios del sistema universitario en particular dispondrán de una información a la que tienen derecho. Otra cosa es si a esos datos se les quiere dar el valor de clasificación.

En primer lugar, la calidad y rendimiento de la investigación de los departamentos universitarios es un elemento importante de valoración, pero no el único. En segundo término, hay que darle a una primera evaluación de esta naturaleza el valor experimental que tiene, dada la falta de experiencia. En tercer lugar, conviene recordar a la Administración que el núcleo de la estructura del sistema universitario es hoy, a partir de la Ley de Reforma Universitaria, el departamento, y no la facultad o la escuela, unidades administrativas que incluso no existen ya en las universidades de reciente creación. Conocer, aunque sólo sea aproximadamente, la calidad de la investigación que se desarrolla en los diversos departamentos de las universidades representaría, en todo caso, una información mucho más útil para los estudiantes de los últimos cursos que para quienes están a punto de ingresar en la Universidad.

De ahí que el valor de una clasificación de esas características sería dudosamente útil para quienes pretendan acogerse a la capacidad de elección de centros que abrirá el futuro distrito único o compartido. Los estudiantes graduados o a punto de licenciarse podrán, sin embargo, saber mejor dónde y con quién realizar sus estudios del tercer ciclo o del doctorado, pieza fundamental de la enseñanza superior, a veces incomprensiblemente olvidada cuando se habla de la Universidad, y de la que, al menos en teoría, depende la formación de las verdaderas élites universitarias. En todo caso, es conveniente recordar que las clasificaciones de las universidades constituyen una práctica habitual en un buen número países de nuestro entorno, sin que por ello nadie se rasgue las vestiduras.