El fiscal militar argentino pide la pena de muerte para Seineldín y otros 4 jefes
El fiscal general de las Fuerzas Armadas de Argentina, general auditor Carlos Domínguez, ha solicitado en proceso sumarísimo la pena de muerte contra el coronel Mohamed Alí Seineldín y otros cuatro jefes militares, a los que considera cabecillas del motín del pasado 3 de diciembre.
El Código de Justicia Militar argentino prevé la pena de "muerte o reclusión por tiempo indeterminado [cadena perpetua]" para Ios promotores, cabecillas y oficiales de más graduación o antigüedad" que participan en un delito de motín, cuando "ocasionare derramamiento de sangre".El pasado 3 de diciembre, un teniente coronel y un comandante del regimiento número 1 de Patricios, en Buenos Aires, murieron a balazos cuando intentaban recuperar el mando de su unidad, que había sido tomada por los carapintadas sublevados.
La justicia militar ha agilizado el proceso sumarísimo contra los cabecillas carapintadas y se espera una sentencia antes de Navidad. Desde el fracaso, tras 18 horas de enfrentamientos armados, de la rebelión de los militares ultranacionalistas se pidió que todo el peso de la ley cayese sobre los responsables del cuarto levantamiento de carapintadas padecido por Argentina en menos de cuatro años.
En esta cuarta revuelta, por primera vez corrió la sangre de militares y hubo muertos de los dos bandos enfrentados, leales y carapintadas. Ésto dio mayor fuerza a las voces que exigen el máximo rigor contra los militares rebeldes.
Entre los que llevaron la voz cantante a la hora de solicitar que caiga el peso de la ley contra los sublevados figura el presidente, el peronista Carlos Menem, quien en un reciente programa de televisión declaró que, el 3 de diciembre, le "salió el indio" y dió orden de ir "a degüello" contra los amotinados.
Menem ya se declaró meses atrás partidario de restablecer la pena de muerte en la jurisdicción civil contra delitos especialmente aberrantes, como el secuestro y violación con muerte de las víctimas y el narcotráfico.
Tras la reciente sublevación carapintada, del círculo próximo al presidente surgieron insinuaciones claras de que Menem espera la decisión de la justicia, pero desearía la ejecución de cuatro o cinco cabecillas.
La petición del fiscal en el sumarísimo podría satisfacer este deseo presidencial, pero queda un trecho por recorrer hasta llegar a una ejecución por fusilamiento, tras previa degradación, tal como prevé el procedimiento militar. Aunque se llegase a confirmar la sentencia antes de Navidad, está pendiente una decisión sobre si la causa no debe pasar a la jurisdicción ordinaria. Quedan, tras el consejo de guerra, otras instancias ante tribunales civiles que no parece probable vayan a confirmar la pena de muerte contra Seineldín y los otros cuatro cabecillas del motín.
Seineldín se encontraba preso en San Martín de los Andes, a 1.500 kilómetros del lugar de los hechos, pero asumió la responsabilidad por la rebelión y así adquirió la condición de promotor o cabecilla que tipifica el Código de Justicia Militar.
Otros cuatro amenazados por la pena de muerte son el coronel Luis Baraldini, el teniente coronel Osvaldo Tevere y el comandante Hugo Abete, quienes intervinieron en la toma del regimiento Patricios, donde murieron dos jefes leales al Gobierno.
El quinto cabecilla, para quien el fiscal pide pena de muerte, es el comandante Pedro Mercado, que comandaba 11 vehículos blindados que intentaron marchar sobre la capital desde la vecina provincia de Entre Ríos y desistieron de su empeño tras recibir las bombas de los aviones de la fuerza aérea que trataban de desactivar la rebelión.
