Abolición a medias
EL CONGRESO de los Diputados ha desaprovechado una ocasión de oro para incorporar España a la lista de 42 países que han abolido de modo absoluto la pena de muerte. Con motivo de la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para la Abolición de la Pena de Muerte, España ha hecho una reserva que permite que la pena capital siga vigente en el Código Penal Militar para determinados delitos cometidos en tiempos de guerra.La oportunidad para una abolición total era espléndida, porque el tratado de la ONU firmado en Nueva York el 15 de diciembre de 1989 es el primero que se adopta con proyección mundial para abolir la pena de muerte, y también porque entre los Estados abolicionistas totales figuran algunos de nuestro entorno europeo, como Francia, Irlanda, Holanda, Portugal, Alemania, Dinamarca, Austria y Suecia. La incorporación de la pena de muerte al ordenamiento español, tras la abolición de que fue objeto en la Constitución de 1978, ha sido posible porque la propia Carta Magna estableció en su artículo 15, junto al 11 queda abolida la pena de muerte", la coletilla "... salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".
Tal disponibilidad constitucional no es más que una facultad del legislador que a nada obliga. Si el Estado hubiera deseado erradicar del ordenamiento jurídico el más inhumano y degradante de los castigos -la supresión física de la persona- habría bastado con que los, representantes del pueblo hubieran ratificado sin reservas el protocolo e inmediatamente después promover una reforma legislativa que suprimiera la pena capital del código castrense.
No ha sido así. Los dos principales grupos parlamentarios, el del PSOE y el del PP, han ratificado al unísono el protocolo con la reserva de aplicar la pena de muerte en los casos previstos en el Código Penal Militar de 1985. De este modo, la gran mayoría del Parlamento -con las excepciones de Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra y Centro Democrático y Social- ha desoído el llamamiento realizado por Amnistía Internacional y la Asociación Pro Derechos Humanos de España para que nuestro país se uniera al creciente número de los que han renunciado totalmente al más cruel de los castigos, que, 1ejos de proteger a la sociedad, la embrutece", según ambas organizaciones.
Al margen del reproche moral que nuestros parlamentarios merecen por alentar la posibilidad, por remota que sea, de que un ciudadano pueda resultar ejecutado por otros en nombre de la ley, el partido en el poder merece, además, un reproche político por su incongruencia histórica. Si durante el proceso constituyente -hace ya 12 años, y conviene refrescar la memoria- Alianza Popular, precursora del PP, mantuvo indubitadas posiciones contrarias a la abolición, el PSOE insistió denodadamente en la erradicación total de la pena de muerte.
Felipe González bajó a la arena del debate constitucional y, en línea entonces con el diputado Luis Gómez Llorente, invocó la conciencia para defender la eliminación plena de la máxima pena. Alfonso Guerra, por su parte, tuvo que convencer a los miembros del grupo socialista de que, frente al rechazo de la Unión de Centro Democrático a una abolición total, debía aceptarse la parcial. Sin embargo, en los años de Gobierno centrista no se hizo uso de la facultad establecida en el artículo 15 de la Constitución, mientras que los socialistas, teóricamente partidarios de la abolición total, reintrodujeron en 1985 la pena de muerte "para tiempos de guerra".
