Diferencias entre ministerios paralizan la nueva legislación sobre secretos oficiales

El Gobierno no ha remitido aún al Congreso la nueva Ley de Secretos Oficiales, llamada de Protección de Materias Clasificadas, que el Consejo de Ministros aprobó formalmente en su reunión del 27 de julio, hace más de cuatro meses. Fuentes gubernamentales admiten que la persistencia de diferencias entre distintos ministerios en algunos aspectos del texto han impedido hasta ahora su remisión al Parlamento.

Un portavoz del Ministerio para las Relaciones con las Cortes restó, por su parte, importancia a estas diferencias y aseguró que el proyecto entrará en el registro del Congreso antes de fin de año. Los ministerios afectados por la ley -los de Relaciones con las Cortes, Asuntos Exteriores, Defensa, Justicia e Interior- mantienen un mutismo absoluto en torno a las discrepancias que obstaculizan la remisión del texto al Parlamento.No obstante, fuentes próximas al Gobierno han indicado que estas diferencias se refieren a los organismos facultados para calificar un acto o documento como secreto (ver EL PAÍS del 2 de julio). La nueva ley distingue entre la clasificación de una materia, que es competencia exclusiva del Presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros, y la calificación de un asunto, acto, documento, dato u objeto concreto, que corresponde a todos los miembros del Gabinete, quienes a su vez pueden delegar dicha facultad en las siguientes autoridades: el secretario de la Comisión Delegada para Situaciones de Crisis, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los jefes de los Estados Mayores de los tres ejércitos, el director del Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid), el secretario de Estado para la Seguridad, el director general de la Policía y el de la Guardia Civil.

Aunque la diferencia entre ambas facultades, la de clasificar una materia genérica (por ejemplo, el nuevo polígono de tiro del Ejército del Aire) y la de calificar un documento concreto (por ejemplo, el informe previo a la elección de Anchuras como emplazamiento para dicho polígono de tiro) parece nítida desde el punto de vista legal, en la práctica no se presenta tan clara, ya que las materias no existen sin los documentos y actos singulares que se refieren a ella. La posibilidad de delegar la facultad de calificación en numerosas autoridades resulta, en consecuencia, problemática y por eso ha producido diferencias entre varios de los departamentos afectados, según las fuentes consultadas.

Uno de los aspectos más debatidos durante la gestación del proyecto fue el acceso de los parlamentarios a los documentos clasificados. El texto final soslaya este problema, al remitirse a los reglamentos de las dos Cámaras; a pesar de que, según algunas interpretaciones, dichos reglamentos no tienen categoría de ley y, en consecuencia, no obligan al Gobierno, depositario de las informaciones secretas.

El proyecto elude también otro tema espinoso: el derecho de los jueces a conocer, en el curso de sus indagaciones, documentos clasificados; lo que ya ha originado conflictos entre el Gobierno y la magistratura en casos como el empleo de los fondos reservados del Ministerio del Interior por el subcomisario José Amedo o el ya citado de Anchuras. Según medios conocedores del texto, dicho tema sería regulado en los reglamentos que desarrollen la ley.

Proposición no de ley

El nuevo texto, que vendrá a sustituir a la ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada parcialmente diez años más tarde, adapta la legislación española a la de los países de la OTAN, al distinguir cuatro categorías de materias clasificadas: máximo secreto, secreto, confidencial y difusión limitada; en lugar de las dos que existían hasta ahora. Igualmente, crea un Registro de Información Clasificada, en el departamento de Relaciones con las Cortes, cuya relación de materias podrá ser publicada total o parcialmente "en los casos en que así lo determinen los órganos competentes".Con su aprobación formal en el Consejo de Ministros del 27 de julio, el último antes de las vacaciones estivales, se cumplió nominalmente el mandato del Pleno del Congreso de Diputados que el 13 de marzo pasado aprobó, con el apoyo del grupo Socialista, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a regular la materia antes de que concluyera aquel periodo de sesiones. Sin embargo, cuando el periodo de sesiones posterior al que se refería la proposición no de ley está ya a punto de concluir, el proyecto formalmente aprobado no ha entrado aún en el registro de la Cámara.

No existe legalmente ningún plazo para remitir a las Cortes los proyectos aprobados en Consejo de Ministros por lo que, según admiten fuentes oficiales, en ocasiones los textos se aprueban formalmente cuando aún faltan por ultimar o discutir algunos detalles. Estos detalles se revelan luego más complejos de lo que inicialmente se pensaba y ello origina demoras que, en todo caso, no llegan a los más de cuatro meses que acumula ya la nueva ley de materias clasificadas.