Cinco jueces de Granada citarán masivamente a los jornaleros implicados en el fraude de las peonadas

Los cinco jueces de Granada competentes en el caso del presunto fraude en el subsidio de desempleo agrícola han comenzado a citar de forma masiva a los jornaleros de las ocho localidades granadinas investigadas por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. A los 334 braceros de Padul que declararon el pasado martes ante el juez de instrucción número 6 de la capital granadina seguirán en enero otros 319 de Iznalloz, que ya están siendo citados por el mismo juez. Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, reconoció ayer en el congreso regional del PSOE la existencia de "bolsas de fraude" en el sistema de prestaciones sociales del Plan de Empleo Rural.

Miguel Ángel del Arco, titular del juzgado de Instrucción número 6, quien ya tomó declaración el martes a los jornaleros de Padul, está citando a otros 319 braceros de Iznalloz, que no podrán prestar testimonio hasta el próximo enero por problemas de calendario.El juez de Santa Fe, que tiene a su cargo los municipios también investigados de Láchar, Moclín y Atarfe hará en fechas próximas lo mismo, una vez que reciba del Instituto Nacional de Empleo (Inem) la lista de los trabajadores que en 1988 percibieron en esas poblaciones el subsidio de desempleo. El juez de Guadix citará a los jornaleros de Villamena, mientras que los responsables de los juzgados números 3 y 8 de Granada tomarán declaración a los braceros de Guadahortuna y Pinos Puente, respectivamente.

La investigación abierta por el Fiscal Portero contra los ocho ayuntamientos granadinos citados por certificar peonadas ficticias para que los jornaleros pudiesen cobrar el paro agrícola, ha revelado la existencia de un presunto fraude consentido por valor de miles de millones de pesetas. La mayoría de los ayuntamientos andaluces y extremeños certifican habitualmente peonadas inexistentes a los braceros para que puedan sobrevivir con una paga de unas 27.000 pesetas mensuales por nueve meses al año.

Sólo la cantidad supuestamente defraudada en 1988 en los ayuntamientos de Granada investigados por la Fiscalía asciende a unos 300 millones. Sin embargo, los 334 jornaleros de Padul que el martes declararon ante el juez admitieron estar cobrando el subsidio desde años atrás gracias a la certificación de peonadas improductivas.

Para evitar caer en la Ilegalidad manifiesta, los ayuntamientos recurren a diversas estratagemas. El Ayuntamiento de Láchar posee una Finca donde supuestamente los peones que no llegan a las 60 jornadas trabajan hasta completarlas en actividades como la recogida de hojarasca. La práctica totalidad de los desempleados de Padul aseguraron que habían trabajado arreglando jardines, barriendo calles o encalando las tapias de los colegios. Luego, a preguntas del juez, confesaron haber obtenido falsas peonadas.

En relación con este caso, ya el presidente del Gobierno, Felipe González, durante el debate parlamentario sobre el Estado de la Nación de 1983 aseguró que había algunas personas se compraban coche con el dinero del paro comunitario. Un total de 600 jornaleros de Marinaleda (Sevilla) se encerraron entonces en protesta por aquellas declaraciones.

Los ayuntamientos andaluces y extremeños reciben fondos destinados a promover obras para paliar el paro agrícola, dentro del Plan de Empleo Rural (PER). Tales cantidades no son suficientes para que los jornaleros alcancen los 60 días trabajados que dan derecho al subsidio. Los braceros recurren cotidianamente a los ayuntamientos para que certifiquen las peonadas que les faltan hasta las 60. De los ocho pueblos investigados por el Fiscal, cinco son gobernados por el PSOE, dos por IU y otro por un grupo independiente.

Tanto el fiscal como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Andrés Márquez, han sugerido que las investigaciones continuarán. Luis Portero ha admitido no obstante los "problemas estructurales" que conllevaría un proceso en el que pueden comparecer como acusados cientos de personas.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, defendió ayer en Sevilla, durante su intervención en el sexto congreso regional del PSOE, el actual sistema de prestación social del PER, informa Lourdes Lucio. Chaves salió en defensa de este método porque, según dijo "en Andalucía las instalaciones de servicios en los pueblos" han sido posibles gracias al PER. El "sistema es válido", según Chaves, aunque reconoció que se producían "bolsas de fraude". Chaves aseguró que no se mide con el mismo rasero el fraude de los pobres y el de los ricos: "Para algunos la picaresca que se produce en la pobreza produce mayor reprobación que la que se produce en la riqueza a través del fraude fiscal".

El PSOE de Granada ha disculpado la conducta de los cinco alcaldes socialistas acusados. Pedro Cortés Aranda, secretarlo general de la Federación de Trabajadores de la Tierra, perteneciente a UGT, solicitó ayer por escrito una entrevista de una delegación del sindicato al ministro de Trabajo, Luis Martínez Toval. En el texto, Cortés pide que el ministerio asegure que los jornaleros no vean su situación perjudicada.