Los detenidos por el fraude del IVA en Palma de Mallorca se elevan ya a 16

Un total de 16 personas han sido detenidas y han prestado declaración en los últimos días tras la desarticulación de una red de empresas ficticias dedicada presuntamente a defraudar al Estado en Palma de Mallorca mediante la venta de facturas falsas, en lo que se ha venido a denominar fraude del IVA.

A lo largo de la presente semana ha proseguido la toma de declaración a los implicados en la organización instrumental creada por el abogado Vicente María Campaner Anglada que se encuentra en prisión en compañía de tres de sus colaboradores, Enrique Aulet Zamorano, Gaspar Moreno Sánchez y Juan Amador Fernández. El juez encargado del caso, Miguel Florit, decretó ayer la libertad de dos personas relacionadas con las empresas ficticias. Otros testaferros -algunos de los cuales habían sido despedidos, indemnizados y readmitidos en algunas de las empresas de la red-, también se encuentran en libertad.Cuatro empresarios acusados de adquirir facturas falsas por un valor superior a 30 millones de pesetas, abonaron fianzas individuales, de uno a dos millones de pesetas (Damián y Gabriel Valéns Cerdá) de la empresa Ofitec Internacional SA y Miguel Serra Riutord y Antonio Socías Payeras de la empresa constructora Playesa. De acuerdo con informaciones fidedignas, los 16 detenidos e investigados serán acusados de presunto fraude. Cinco empresas radicadas en Barcelona figuran en el expediente abierto, que consta ya de más de 1.000 folios como compradores de facturas fraudulentas por lo que se solicitó un informe de la Audiencia Nacional para determinar el alcance de la actuación judicial más allá de Palma.

Los servicios de la delegación de Hacienda recopilan información para determinar qué personas y entidades hayan infringido un fraude superior a los cinco millones de pesetas por lo que su caso sería calificado de presunto delito fiscal.En el Ministerio de Trabajo y por parte de la policía judicial del grupo de delincuencia económica se colabora también en el esclarecimiento de esta compleja red, La labor ha sido calificada como muy ardua y difícil por parte de los interesados.

Las inculpaciones que se han indicado hasta el momento abarcan, presuntamente, los siguientes delitos: fiscal, estafa, apropiación indebida, contra la libertad y seguridad en el trabajo y falsedad de documentos mercantiles. El volumen total de lo defradudado podría superar los 700 millones de pesetas, según las investigaciones.