El Gobierno carece de proyecto para proteger datos privados a los 12 años del mandato constitucional

"La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Este precepto, que figura en el artículo 18.4 de la Constitución de 1978, sigue sin cumplirse cuando ayer se cumplieron 12 años de la aprobación en referéndum de la Carta Magna. Los riesgos de abuso informático mediante el cruce de informaciones reservadas entre los bancos de datos públicos y privados o el uso torcido de los mismos no han impulsado aún al Gobierno socialista a promover una ley para cumplir el mandato constitucional.

Con motivo de la celebración del 12 aniversario de la Constitución, los dirigentes de grupos políticos se mostraron partidarios ayer de una aplicación y desarrollo de la Carta Magna, antes de pensar en su reforma. Sin embargo, en varios cajones del Parlamento duerme, entre otros textos sobre la materia, una propuesta de ley de Protección de Datos Informáticos, remitida por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en diciembre de 1987 a todos los grupos. Según fuentes del PSOE, se están realizando estudios para optar por el modelo sueco o el alemán y el Gobierno está a la espera de conocer el texto definitivo de una directiva de la CE sobre esta materia.El ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, reiteró ayer, como en anteriores legislaturas, que en ésta se acometerá tal ley, y aseguró que, "mientras tanto, los ciudadanos pueden estar tranquilos, porque en este país, a diferencia de otros, nunca se han vulnerado sus derechos a través de la informática".

Optimismo

En contraste con este optimismo, aumentan las iniciativas que pueden servir para un mayor control de los ciudadanos a través de la informática. En plena polémica por la distribución y exigencia obligatoria del Número de Identificación Fiscal (NIF) y por la posible intromisión privada en datos confidenciales al renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI), cuatro jueces de Sevilla han denunciado el uso torcido de información de las sentencias civiles por una empresa que vende a bancos y cajas de ahorros datos no actualizados sobre ciudadanos morosos.El borrador elaborado en 1987 por el hoy vicepresidente de la APDH y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido establece el derecho de cualquier persona a conocer la existencia y finalidad de los bancos de datos personales, así como la identidad de quien los controle. Otro derecho reconocido en dicho texto a todo ciudadano es el de obtener información completa sobre el origen, contenido y uso de los datos que afecten a su intimidad o identidad, y el de obtener una compensación por los daños sufridos.

Igualmente -siempre según este borrador-, cuando se detecten errores o lagunas en los datos, se podrá pedir la rectificación, que la entidad requerida deberá realizar. En caso de duda, agrega el texto, la carga de la prueba recaerá sobre la entidad ante la que se efectua la rectificación. En todo momento, la persona a cuya identidad se refieren los datos archivados, una vez obtenida la finalidad para la que fueron facilitados, podrá lograr la cancelación de los mismos. El borrador prevé que cuando los archivos reservados dependan de Hacienda, Defensa o Interior, el acceso, rectificación y cancelación de datos se realizará a través de una Comisión Nacional para la Protección de Datos, cuyas decisiones serán recurribles ante la justicia.