Censura cántabra

TAL COMO estaban las cosas en Cantabria, el apoyo de lo que queda del Grupo Popular al candidato socialista para sustituir a Juan Hormaechea en la presidencia de esa comunidad era casi la única salida viable. La anormalidad de la situación se reflejaba en el hecho de que el mixto era, con sus 15 diputados, el grupo mayoritario en la Cámara autónoma. En ese abigarrado camión escoba se habíann dado cita descolgados de todas las formaciones, incluyendo cuatro parlamentarios populares que, tras algunas vacilaciones, habían decidido a última hora no secundar la ruptura de su partido con Hormaechea.De esta manera, el Partido Popular (PP), cuya lista, encabezada por el propio Hormaechea, había obtenido en 1987 el 44% de los votos y 19 de los 39 escaños de la Asamblea, se había quedado con tan sólo siete diputados, cinco menos que los socialistas. La inicial negativa de éstos a secundar la moción de censura anunciada por el PP con el argumento de que se trataba de "un problema interno (le la derecha" había conducido a un callejón sin salida. Por ello hay que felicitarse de que se haya impuesto la cordura y que los dos primeros partidos de la región hayan decidido supeditar sus eventuales intereses particulares a los de las instituciones, cuya dignidad estaba en juego.

La decisión de Aznar de ir hasta el final en este asunto es digna de elogio. Cabe esperar ahora que el joven dirigente conservador sepa extraer las lecciones del episodio. Pues, como recordó un diputado socialista en el debate del martes, el Gobierno que estaba siendo sometido a censura parlamentaria era "un Gobierno del PP, con un programa del PP y presidido por el candidato que había propuesto el PP". Un candidato que ya había sido alcalde y cuya afición a alardes como el que finalmente le ha costado el cargo no podía ser desconocida para los dirigentes populares; y cuyos métodos para hacerse con una plataforma política propia urdida sobre una compleja red de intereses poco claros tampoco son un secreto: desde junio pasado, una comisión parlamentaria investiga presuntas irregularidades financieras de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuestos, y el propio Hormaechea -que impidió la realización de una auditoría sobre tales presuntas irregularidades- ha sido objeto de una denuncia ante el Tribunal Supremo de Cantabria bajo la acusación de prevaricación y malversación de fondos.

La ruptura del grupo parlamentario que había venido sosteniendo a Hormaechea permite intentar ahora, antes de las elecciones de mayo, la regeneración de la vida política de Cantabria. La solución de constituir un Gobierno de concentración presidido por un socialista es una salida de emergencia a una situación de bloqueo institucional; pero es evidente que no refleja la voluntad de un electorado que en 1987 votó mayoritariamente a los conservadores. Los socialistas habrán de tenerlo en cuenta, sin intentar aprovechar la carambola que les ha llevado a la presidencia para obtener ventajas con vistas al futuro. Se trata de un Gobierno provisional, de gestión, y sería deseable que su funcionamiento fuera por consenso.

Es posible, con todo, que en estos meses se configuren alternativas de gobierno diferentes a las existentes hasta ahora, y en todas las cuales era un factor determinante la presencia de Hormaechea. Naturalmente, serán las urnas las que decidan; pero sería conveniente que los partidos adelantasen desde ahora si están dispuestos o no a pactar mañana con quien hoy reprueban. Pues no sería pequeña paradoja que los mismos que ahora censuran el caciquismo populista del ya ex presidente de Cantabria descubran en mayo que se trata de un excelente aliado cuya carrera política vale la pena prolongar a cambio de su apoyo en tal o cual importante municipio.