El Gobierno sigue considerando valida la ley de extranjería, en contra de la CE
El Consejo de Ministros aprobó ayer un informe presentado por el Ministerio del Interior que, según la ministra portavoz, Rosa Conde, "propone normas que refuerzan la ley de extranjería, que aún sigue siendo válida". El pasado mayo, un informe de la Comisión Europea reprochó a España su trato discriminatorio a los inmigrados, "sometidos a artículos restrictivos de la ley de extranjería".
El informe aprobado ayer por el Gabinete analiza los flujos de inmigración legal e Ilegal en la década 1980-1990, ofrece datos de las características sociológicas de los inmigrados y realiza una proyección de las tendencias demográficas de la inmigración en los próximos diez años.El documento considera que, tras cinco años de aplicación, la ley de extranjería "sigue siendo válida, siempre dentro de la directriz de la CE acerca de la libre circulación de ciudadanos por su territorio", señaló la portavoz del Gobierno.
Por su parte, la Comisión Europea publicó un informe el pasado mes de mayo en el que calificaba como "restrictivos" algunos artículos de la ley de extranjería que, según ese documento, "conducen al aislamiento y la marginación social". El informe europeo cifraba en 778.334 los inmigrados en España, de los que "más de la mitad se encuentran en situación de marginación y discriminación económica".
El informe de Interior, que será debatido con los representantes de la oposición antes de ser enviado al Parlamento, propone las líneas básicas de una política global de extranjeros. La ministra portavoz concretó estas medidas en la necesidad de reforzar el control de entradas de inmigrantes, la intensificación de la acción policial contra las acciones deriva das de la marginalidad en la que viven muchos de los extranjeros en España; el aumento de las sanciones a los empleadores de mano de obra irregular; el desarrollo de una política de integración social, la creación de una comisión interministerial y una oficina única de extranjeros en cada provincia y la adopción de una política de apoyo a los países de origen de estos emigrantes, sobre todo en el área mediterránea.
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