Marcha atrás

EL ENTUERTO se ha deshecho. Hacienda, por fin, ha rectificado en algo. La revisión de los valores catastrales se ha aplazado un año. La forma de llevarla a cabo se modifica. El contribuyente tendrá mayores garantías de que la renovación del catálogo inmobiliario del país no se aprovechará para aumentar la presión fiscal por la puerta de atrás. Se le dará información sobre los tipos de los impuestos conexos al catastro, como el impuesto sobre bienes inmuebles.El titular de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, ha reconocido sin ambages que el asunto había suscitado un auténtico clamor popular y ha admitido contundentemente el error cometido, asumiéndolo de forma personal y salvando, políticamente, en primera instancia, a su secretario de Estado de Hacienda, José Borrell. Todo esto parece obvio en un sistema democrático consolidado y ágil. Pero en este país, en que los hábitos democráticos suelen quedarse encorsetados en una vida política oligopolizada, el suceso parece extraordinario. Por ello hay que subrayar el valor añadido de las excusas públicas y de la marcha atrás. Rectificar es de sabios, aunque en este caso, además de sabiduría, se trata de un movimiento de prudencia, puesto que se avecinaba una rebelión fiscal popular en toda regla.

Si es de sabios rectificar, también es de caballeros admitir las rectificaciones. La ciudadanía ha respirado y ha reaccionado sin aspavientos, al igual que sectores significativos de la clase política. Con algo menos de generosidad, algunas fuerzas se han limitado a subrayar la conexión del aplazamiento con la inminencia de las elecciones municipales. Desde luego que este factor ha pesado hondamente en el cambio de rumbo gubernamental, contrariamente a lo que ha opinado Solchaga. Pero desde el punto de vista de los contribuyentes no es ése el aspecto esencial: lo importante para la ciudadanía que paga sus impuestos, y quiere seguir cumpliendo seriamente con sus deberes fiscales, es la propia rectificación y el anuncio de que las cosas se van a hacer de forma distinta.

El cambio de rumbo operado en la revisión catastral debería hacer reflexionar al Ejecutivo no sólo sobre el problema específico suscitado, sino sobre su propio estilo de gobernar. Pese a la implantación en esta legislatura de algunos nuevos modos dialogantes, con demasiada frecuencia surgen problemas derivados de una concepción tecnocrática del poder. Parece como si algunos ensayos de laboratorio fuesen aplicables sin más a la realidad social, sin buscar suficientemente el acuerdo, la opinión y la complicidad de la ciudadanía. Y así, asuntos situados aparentemente en un segundo plano pueden concitar auténticas crisis políticas.

El problema se complica por el mantenimiento de una situación de crisis y tensiones soterradas en el equipo gubernamental: cuando en el área del poder las preocupaciones son de partido o de familia, se soslayan las grandes cuestiones políticas. Y las grandes cuestiones políticas suelen ser simplemente cuestiones técnicas de gran impacto social, que requieren un tratamiento político y una especial sensibilidad hacia quien recibe las consecuencias de las medidas arbitradas por el poder.

El episodio del catastro ha puesto sobre el tapete otro elemento preocupante: la poderosa vocación pasional de algunos demagogos. Todos los que ahora han demostrado justamente capacidad de protesta y de denuncia deberían demostrarla también en el asunto capital de la Hacienda española, la eliminación del fraude fiscal, so pena de concitar sobre sí la sospecha de actuar con las cartas marcadas. Pero esta polémica también ha mostrado de nuevo el jacobinismo de algunas decisiones en materia de impuestos que se estrellan cotidianamente contra la realidad social española, por no tenerla en cuenta. Lo que exige responsabilidades políticas a los que las intentan aplicar contra todo sentido.